Un terremoto político sacude a México tras la acusación formal revelada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha señalado directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como piezas clave de una red de narcotráfico que operaba bajo el amparo del poder estatal.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados y qué delitos se les imputan? Según el comunicado oficial, un total de diez personas, entre cargos actuales y exfuncionarios, habrían conspirado junto a los líderes del cartel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de drogas en territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La red de corrupción y los nexos con Los Chapitos
Además del gobernador y el alcalde, la acusación apunta contra el senador y exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, y el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Saavedra. Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados se alinearon con la facción de Los Chapitos, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a cambio de sobornos que superan los millones de dólares.
El expediente judicial sostiene una tesis contundente sobre el ascenso de Rocha Moya en noviembre de 2021: la Justicia de EE.UU. alega que su elección fue posible gracias a que los hijos del capo secuestraron e intimidaron a sus opositores políticos. A cambio, el mandatario habría permitido que la facción criminal operara con total impunidad en la región, protegiéndolos de investigaciones y detenciones.
Exfuncionarios y cargos por asesinato
La lista de acusados se extiende a exintegrantes del aparato de seguridad sinaloense. Entre ellos figuran Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas), Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública), y diversos jefes policiales como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
Los cargos contra todos los implicados incluyen conspiración para el narcotráfico y posesión de armas automáticas, enfrentando penas mínimas de cuarenta años y hasta cadena perpetua. Especial gravedad reviste el caso de Valenzuela Millán, de 35 años, quien está señalado por participar en la tortura y asesinato de un informante de la DEA y un familiar de este.
El fiscal del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, declaró: La acusación envía un claro mensaje a funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes.
El objetivo declarado por la Fiscalía es desmantelar el vínculo entre la política institucional y el crimen organizado. Con esta acusación, el Departamento de Justicia intensifica su presión sobre la estructura gubernamental de Sinaloa, lo que abre una ventana de incertidumbre sobre la estabilidad política del estado y las futuras acciones de captura contra los funcionarios señalados.
