Una nueva etapa para El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció oficialmente el inicio de una ofensiva contra la corrupción. Este cambio de estrategia se produce inmediatamente después de que el mandatario proclamara la victoria total en su guerra contra las violentas pandillas que históricamente asolaron la nación, un conflicto que ha dejado un saldo de aproximadamente 91.000 detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, el país opera bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Esta medida es el eje central de la seguridad salvadoreña, aunque ha recibido severas críticas de organismos humanitarios internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El fin del control de las pandillas
Durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General, ubicada en Antiguo Cuscatlán, en la periferia oeste de San Salvador, el mandatario reflexionó sobre el proceso. Bukele aseguró que la victoria fue posible gracias a la labor de equipo de los organismos estatales y, según sus palabras, gracias a Dios.
El jefe de Estado recordó que, antes de este despliegue de fuerza, las pandillas funcionaban como el verdadero gobierno, manteniendo el control sobre cerca del 80% del territorio nacional. Tras declarar derrotadas a las estructuras criminales, el Ejecutivo ha definido que la prioridad ahora es la consolidación de la ley y el orden.
El foco en los delitos de cuello blanco
El mandatario fue enfático al detallar los problemas que enfrentará en esta nueva fase. Hay raterismo, hay contrabando, hay evasión fiscal, hay corrupción. Hay estafas, hay contaminación ambiental, de parte de personas, de parte de empresas y eso no lo hemos erradicado, sentenció, marcando los objetivos para los próximos meses.
A pesar de que el modelo de Bukele ha despertado interés en varios gobiernos de América Latina que buscan replicar sus tácticas de seguridad, la oposición local mantiene una postura crítica. Los detractores denuncian una marcada opacidad en la rendición de cuentas del Estado y señalan que una reserva legal impide acceder a información detallada sobre los reclusos, en un contexto donde, según indican, el presidente gobierna con un poder casi absoluto.
