El futuro del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) enfrenta una incertidumbre crítica. Durante el encuentro nacional realizado en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), representantes de 25 instituciones de educación superior manifestaron su profunda preocupación ante los ajustes presupuestarios propuestos para 2027, los cuales contemplan discontinuar diversas iniciativas del Ministerio de Educación.
La inquietud se originó tras conocerse un oficio emitido por el Ministerio de Hacienda, que cuestiona la continuidad de programas esenciales de acceso, acompañamiento y nivelación. El PACE, que funciona desde hace más de una década como un pilar en la movilidad social, está en el centro de este debate debido a su impacto en estudiantes de establecimientos públicos.
La defensa de la equidad en el sistema universitario
La vicerrectora académica de la Usach, Dra. Leonora Mendoza, fue enfática al abrir la jornada. La autoridad sostuvo que “las políticas de equidad no se eliminan cuando aún persisten las desigualdades que les dieron origen”. Para la académica, el valor de este programa radica en su capacidad para articular el trabajo conjunto entre las universidades y los liceos, fortaleciendo la confianza de los jóvenes en sus propias capacidades.
Por su parte, Marco Iraola, coordinador del programa en la Usach, aportó datos contundentes sobre su eficacia. En sus diez años de historia, el PACE ha acompañado a más de 460 mil estudiantes de enseñanza media. Según Iraola:
El modelo PACE ha demostrado ser una trayectoria exitosa y efectiva, porque los estudiantes que reciben acompañamiento académico y socioeducativo presentan mejores indicadores de permanencia en la educación superior.
Impacto nacional y proyecciones del Programa PACE
Desde la Red Nacional PACE, la coordinadora ejecutiva en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Nieves Hernández, destacó la magnitud de la cobertura. El programa ha llegado a más de 650 establecimientos a lo largo de todo Chile, permitiendo que cerca del 80% del alumnado acompañado logre acceder a la educación superior.
En la misma línea, Jorge Roa, coordinador ejecutivo del PACE en la Universidad de Concepción, señaló que el alcance del programa va más allá de lo académico.
El valor del PACE trasciende incluso lo que pueden hacer las propias universidades, porque ha contribuido a restituir el derecho a la educación superior de estudiantes provenientes de contextos históricamente más vulnerados.
El encuentro concluyó con una postura clara de las instituciones: el debate actual no debe limitarse únicamente a cifras presupuestarias. Las universidades sostienen que debilitar estas políticas pone en juego la capacidad del país para sostener trayectorias educativas inclusivas. Ante este panorama, queda abierta la interrogante sobre si el Ministerio de Educación reconsiderará los ajustes para proteger una de las herramientas de acceso más efectivas de la última década.
