La tensión escala en la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024. El Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso ingresó un oficio formal ante la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la demolición de 52 viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.
La medida fue informada inicialmente el 17 de abril de 2026 por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. En aquel anuncio, se detalló que las estructuras, que presentaban un 98% de avance en su construcción, debían ser demolidas debido a graves deficiencias estructurales, uso de materiales no certificados y riesgos ante sismos e incendios, basándose en informes del IDIEM de la Universidad de Chile.
¿Se pueden salvar las casas de El Olivar?
Pese a los informes técnicos que sustentan la decisión del Minvu, el gobernador regional Rodrigo Mundaca sostiene una postura distinta. La autoridad argumenta que las viviendas no requieren necesariamente ser destruidas, planteando la viabilidad de una reparación mediante intervenciones específicas.
Nuestro planteamiento tiene que ver básicamente con que hay informes del IDIEM que señala que esas viviendas, si bien es cierto han utilizado materiales no certificados, sí son susceptibles de ser reparadas, sí son susceptibles de ser intervenidas sin que haya la necesidad de demolerlas. A nuestro juicio, una decisión de esta naturaleza revictimiza dos veces, afirmó Mundaca.
Por otro lado, la preocupación por las familias afectadas sigue siendo el eje central del debate. Juan Pavez, abogado representante de los damnificados, enfatizó que cualquier decisión debe priorizar la probidad y el bienestar de quienes perdieron sus hogares durante la catástrofe.
Estamos frente a una situación grave que debe investigarse con total rigurosidad. No se puede avanzar en la reconstrucción sobre dudas ni irregularidades, sino sobre evidencia técnica, probidad y respeto irrestricto a las familias. Y también, más allá de la discusión técnica o administrativa, aquí hay familias que ya han vivido situaciones extremadamente complejas y que hoy enfrentan la posibilidad de perder sus hogares, expuso Pavez.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Contraloría, organismo que deberá determinar si el procedimiento de demolición se ajusta al marco normativo vigente. La resolución del ente contralor será clave para definir si se procederá con la destrucción de los inmuebles o si se optará por una ruta de reparación que evite una nueva pérdida para los afectados en Viña del Mar.
