La investigación Alto Voltaje, que indaga una compleja red dedicada a la exportación ilegal de cobre hacia Asia, sumó un nuevo imputado bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El caso, originado en Puerto Montt, se extiende actualmente por siete regiones del país y busca desarticular un esquema de blanqueo de capitales masivo.
Detalles de la formalización y cautelares
Durante la audiencia de formalización realizada a principios de abril, se procesó al total de los integrantes de la organización. Actualmente, existen cinco imputados en prisión preventiva, mientras que otros 9 individuos permanecen con arresto domiciliario y 8 sujetos cumplen cautelares de menor intensidad. Sobre todos los involucrados pesa la prohibición estricta de comunicarse entre sí.
El juez de Garantía, Miguel García, validó los argumentos del Ministerio Público y de los querellantes, quienes representan a empresas eléctricas afectadas. Según el magistrado, el rol de los imputados, específicamente en el caso de Pablo González, no fue un evento aislado, sino una conducta reiterada dentro del periodo investigado.
Tenían por finalidad que la suma de dinero así obtenida, con abultamiento o la integración de especies desconocidas en su origen, se integrasen luego esas sumas producto de las iniciales transacciones a un comercio formal configurando, sostiene fiscalía, un lavado de activos.
La estructura delictiva y el perjuicio fiscal
Las cifras detrás de este operativo son impactantes: se estima un perjuicio fiscal cercano a los 50 mil millones de pesos, con ganancias ilícitas superiores a los $800 mil millones. La Fiscalía sostiene que el cobre era exportado bajo la fachada de chatarra por una estructura criminal organizada en dos clanes principales.
El clan familiar de los González Almonacid operaba en el sur de Chile, gestionando empresas de compraventa en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Concepción. El material ilícito era obtenido gracias a técnicos de empresas telefónicas que sustraían cables, los cuales eran posteriormente blanqueados para su envío al extranjero.
En la trama, Abdel Sukni, hermano de la abogada Helhue Sukni, actuaba como intermediario. Su función era servir de nexo con el brazo norte de la organización, liderado por los hermanos Varas Quezada, quienes tenían la responsabilidad logística de exportar el metal hacia el continente asiático. La causa sigue avanzando en la justicia para determinar responsabilidades penales definitivas por lavado de activos, asociación ilícita y receptación.
