La constructora Social Arquitectura decidió emprender acciones legales contra el Serviu de Valparaíso y el Fisco, buscando revertir la decisión del Ministerio de Vivienda que ordenó el término anticipado de contratos en la reconstrucción de El Olivar. El conflicto escaló luego de que la autoridad avanzara en el cobro de una boleta de garantía por 500 UF, equivalentes a aproximadamente $20 millones, cifra que actualmente cuenta con una orden judicial provisoria que impide ejecutar el cobro hasta que se aclare el fondo del litigio.
¿Por qué la empresa demandó al Ministerio de Vivienda?
Desde la compañía argumentan que las medidas adoptadas por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, carecen de respaldo técnico y jurídico válido. Según la abogada de la firma, Erika Maira, las resoluciones administrativas emitidas serían irregulares y nulas desde el punto de vista del derecho público.
Nosotros entendemos que todas esas resoluciones son nulas de derecho público, están dictadas fuera de toda legalidad, fuera de todo procedimiento, y eso es lo que le estamos pidiendo al Primer Juzgado Civil de Valparaíso que conozca.
Por otro lado, el ministro Iván Poduje sostiene que el actuar del Ministerio se basa en evidencia técnica contundente. El secretario de Estado asegura que existen informes del IDIEM de la Universidad de Chile que advierten sobre fallas estructurales críticas en las viviendas en construcción.
La postura del Gobierno ante los riesgos habitacionales
El titular de Vivienda fue tajante al defender la paralización de las obras frente a la presión de la empresa constructora. Según el ministro, los informes de la casa de estudios superior acreditan riesgos específicos que hacen inviable la entrega de los inmuebles a los beneficiarios.
Nosotros hemos presentado informes del IDIEM de la Universidad de Chile que acreditan riesgo sísmico, que acreditan problemas de resistencia al fuego. La empresa, vamos a estar en tribunales, en un juicio, tiene todo el derecho a presentar todos los informes, nosotros no hemos omitido nada. Ellos han querido entregar informes de última hora, pero los tribunales van a ser los que van a determinar. Nosotros no podemos entregar casas falladas y tenemos dos informes que acreditan que esas casas están falladas.
Impacto en proyectos y familias
La constructora afectada afirma que, previo a este conflicto, gestionaban más de 30 proyectos habitacionales en ejecución sin reportar retrasos o sanciones previas. La paralización de estas iniciativas no solo ha afectado la continuidad de sus operaciones, sino que mantiene en vilo a cientos de familias que esperaban la entrega de sus soluciones habitacionales.
Actualmente, el caso se encuentra radicado en el Primer Juzgado Civil de Valparaíso. Será este tribunal el encargado de dirimir si las resoluciones ministeriales se ajustaron a derecho y cuál será el destino definitivo de los contratos paralizados, en un proceso donde ambas partes han confirmado que sostendrán su postura hasta las últimas instancias judiciales.
