El Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina resolvió supeditar la aprobación de la compra de la filial local del gigante español Telefónica por parte de Telecom Argentina a una serie de severas condiciones operativas y regulatorias. La determinación del organismo estatal busca neutralizar la eventual conformación de un monopolio dentro del mercado de telecomunicaciones que termine afectando a la libre competencia y a los usuarios del sector, según precisaron este jueves fuentes oficiales mediante un comunicado emitido por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).
La transacción comercial se remonta al pasado 24 de febrero de 2025, fecha en la que Telecom Argentina concretó la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA) por un valor total de US$1.245 millones. De esa cifra total, la firma compradora desembolsó en efectivo US$1.119 millones, tras haber descontado un saldo de deuda de US$126 millones que la casa matriz del grupo de origen español arrastraba con su filial local.
Inmediatamente después de que se formalizara el anuncio de la millonaria transacción, la administración del presidente Javier Milei ordenó la intervención directa de la Autoridad Nacional de la Competencia y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con el propósito de determinar si la fusión generaría una posición de dominio absoluto en el mercado interno. Cabe destacar que la absorción de TMA fue formalmente objetada ante los reguladores por sus principales rivales comerciales: la compañía Claro (propiedad de la corporación mexicana América Móvil, controlada por el empresario Carlos Slim) y la firma local Telecentro, que brinda prestaciones de televisión por cable y conectividad.
Para convalidar la operación, el tribunal estableció un exigente pliego de condiciones de desinversión. El primer gran condicionamiento obliga a Telecom a transferir una cartera de seis millones de abonados móviles (de los cuales cuatro millones están radicados en el área metropolitana de Buenos Aires y su periferia) a otro operador competidor, incluyendo toda la infraestructura de red vinculada. Adicionalmente, deberá asegurar al nuevo licenciatario el acceso a su propia infraestructura, frecuencias de espectro, sistemas comerciales y condiciones de interconexión por un periodo garantizado de dos años para resguardar la continuidad de las comunicaciones mientras el comprador desarrolla su propia arquitectura técnica.
En el plano radioeléctrico, Telecom también deberá devolver de forma inmediata un bloque de 130 megahercios correspondientes al espectro radioeléctrico para que el Estado nacional los ponga a disposición de otras corporaciones del sector. En lo que respecta a la banda ancha fija, la resolución impone la obligación de ceder clientes en todas aquellas jurisdicciones locales donde la absorción de la competidora eleve la participación combinada por encima del 50% de la cuota de mercado residencial. Este ajuste obligará a la firma integrada a desprenderse de un paquete de 211.400 abonados de internet fija distribuidos en veintiocho localidades argentinas.
El tribunal detalló que, bajo las condiciones originales de la fusión, el holding resultante se habría apropiado de cerca del 70% de las telecomunicaciones totales del territorio nacional. No obstante, con la aplicación de estas medidas preventivas, el control consolidado se reducirá a una cuota aproximada del 50%. En este contexto, la entidad reguladora emitió una fuerte advertencia al sector corporativo y aclaró expresamente que procederá al rechazo definitivo de la compra de la subsidiaria si la compradora desestima los requerimientos regulatorios obligatorios.
Tras la publicación oficial de la medida, las acciones de Telecom Argentina registraron un retroceso del 4,7% en la rueda financiera de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La firma informó de la notificación gubernamental mediante una comunicación técnica remitida a los mercados financieros, aunque inicialmente evitó explicitar de manera pública si convalidará los límites establecidos por el tribunal nacional.
Sin embargo, voceros corporativos de la empresa manifestaron posteriormente a la agencia internacional de noticias EFE su disconformidad con los alcances del dictamen administrativo:
«vamos a analizar los detalles de la resolución y los pasos a seguir, si vamos a cumplirla o a cuestionarla»
Las fuentes internas de la compañía enfatizaron de manera complementaria que consideran las directrices estatales como «excesivas» bajo el argumento de que las restricciones resueltas no contemplan adecuadamente la situación y la dinámica competitiva que actualmente rige en el ecosistema industrial local.
La dimensión del negocio fusionado expone la escala del conflicto. Según las cifras de los últimos reportes contables cerrados al 30 de marzo, Telecom Argentina ostentaba una base de 19,4 millones de usuarios móviles, mientras que TMA sumaba 19,2 millones de líneas activas en su cartera comercial. En el segmento de conectividad de banda ancha residencial, la compradora aportaba 4,1 millones de abonados frente a las 1,6 millones de cuentas de banda ancha administradas históricamente por la controlada de Telefónica en el país.
Las dos corporaciones involucradas han ejercido un virtual duopolio en el territorio argentino desde el año 1990, época en la que la administración gubernamental del entonces mandatario nacional Carlos Menem privatizó el antiguo monopolio estatal de teléfonos y segmentó el territorio nacional en dos áreas geográficas exclusivas de explotación comercial para dar origen a ambas marcas privadas.
