El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) presentó este jueves un detallado balance sobre su gestión legislativa durante los primeros 100 días del mandato del presidente José Antonio Kast, confirmando la tramitación de 136 proyectos de ley en dicho periodo. Desde la cartera explicaron que el total reportado se compone de 23 mensajes presidenciales ingresados directamente por el Ejecutivo, sumado a las urgencias aplicadas a 113 iniciativas que ya se discutían en el Congreso Nacional.
Las cifras oficiales muestran que el volumen de propuestas legislativas prácticamente duplica el registro de la administración anterior durante el mismo lapso en 2022, año en que se impulsaron 73 iniciativas. Asimismo, el informe gubernamental con corte al 17 de junio especificó que un total de 18 proyectos ya completaron su trámite legislativo y fueron despachados por el Parlamento.
Al respecto, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, defendió la celeridad del Ejecutivo y aseguró que las prioridades responden directamente a las urgencias de la ciudadanía:
«Estamos teniendo una agenda intensa. Los proyectos que estamos impulsando cuentan con amplio respaldo ciudadano porque apuntan a problemas concretos y necesidades reales»
El secretario de Estado complementó que las prioridades continuarán enfocadas en optimizar las condiciones de vida, fomentar el empleo y robustecer la seguridad de la población.
Por otra parte, el balance remarcó el uso de urgencias legislativas para dinamizar los debates parlamentarios. Durante estos primeros 100 días se ingresaron 348 urgencias, lo que representa un aumento de 161 requerimientos en comparación con las 187 del periodo equivalente del gobierno precedente.
Dentro de la agenda priorizada por La Moneda destacan proyectos enfocados en seguridad pública, control migratorio y reactivación económica. Entre las iniciativas clave se mencionan el plan de Reconstrucción Nacional, la iniciativa de Escuelas Protegidas, la creación de un registro de actos vandálicos e incivilidades, y la propuesta para extender los plazos de detención destinados a concretar las expulsiones administrativas del territorio nacional.
