La comisión investigadora del estallido social concluyó su labor sin poder determinar quiénes fueron los instigadores de los hechos de violencia, uno de sus objetivos principales. A pesar de esta falencia, el organismo aprobó el informe propuesto por el Partido Nacional Libertario (PNL), que redirigió sus críticas hacia el gobierno de Sebastián Piñera y propuso limitar las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El informe libertario fue aprobado por ocho votos a favor, emitidos por los comisionados Enrique Bassaletti, Sergio Bobadilla, Hans Marowski, Cristóbal Martínez, Javier Olivares, Francisco Orrego, Alejandro Riquelme y Javiera Rodríguez. En contra votaron Jorge Díaz, Daniel Manouchehri, Lorena Pizarro y Consuelo Veloso. La instancia, presidida por Hans Marowski, comenzó a sesionar en mayo por iniciativa del PNL.
Su mandato incluía revisar la actuación del Estado en la prevención, contención y control de la violencia entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026, además de investigar la participación de autores, cómplices o instigadores. Sin embargo, en este último punto no se logró una conclusión definitiva. El documento reconoce que durante las sesiones surgieron “variadas hipótesis”, pero no proporciona nombres ni organizaciones detrás de los hechos.
La jornada también generó un nuevo conflicto para el Gobierno, ya que la comisión acordó remitir los antecedentes a la Contraloría por las ausencias del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien fue citado en dos ocasiones sin asistir.
“Revisar las facultades del Instituto de Derechos Humanos, de manera de que sea un órgano consultivo sobre la materia, y no con la capacidad de entablar querellas, dado que dicha facultad en el ordenamiento chileno está prevista en un órgano diferente y especializado”.
Una de las propuestas centrales del informe es modificar las facultades del INDH para transformarlo en un organismo exclusivamente consultivo, impidiéndole presentar querellas. También busca obligar al INDH a diferenciar en sus informes entre hechos verificados, denuncias, testimonios, hipótesis y opiniones. Además, exige la identificación de fuentes y metodologías, y una rectificación obligatoria si se difunde información “objetiva, sustancial y comprobablemente falsa”.
El documento también recomienda reformar el artículo 150 D del Código Penal, relacionado con los apremios ilegítimos, y continuar fortaleciendo el respaldo jurídico a Carabineros.
Aunque el informe tiene una perspectiva libertaria, cuestiona directamente la gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Concluye que hubo “excesivos incumplimientos del Gobierno de la época” en el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana. Atribuye estas deficiencias a la falta de un sistema de inteligencia robusto y coordinado.
Una respuesta de la Fiscalía Nacional, incluida en el informe, indica que los fiscales que investigaron los hechos de violencia no intercambiaron información con la Agencia Nacional de Inteligencia. Además, se señala que Chile no contaba con una regulación adecuada sobre infraestructura crítica ni con reglas de uso de la fuerza acordes al nivel de violencia.
“Finalmente, el trabajo de esta comisión considera realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado, mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público. Es por esto que (…) se evidencian excesivos incumplimientos del Gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes (…)”.
Entre los datos recopilados, se destaca que 77 de las 136 estaciones de Metro sufrieron daños, de las cuales veinte fueron incendiadas. La comisión cerró su ciclo sin identificar instigadores, pero dejó un panorama claro de críticas a la gestión de Piñera y propuestas que impactarían la labor del INDH.
