Una delegación transversal de parlamentarios chilenos encendió las alarmas y presentó una carta formal ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El objetivo es denunciar lo que consideran una «amenaza» real a la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), operado por la Junaeb, pidiendo al organismo un pronunciamiento urgente sobre este derecho fundamental de los menores.
La ofensiva política es encabezada por el diputado Luis Cuello (PC) y cuenta con el respaldo de representantes del Partido Socialista (PS), Democracia Cristiana (DC) y el propio Partido Comunista (PC). La misiva fue dirigida específicamente a Violet Speek-Warnery, representante del organismo internacional, ante el temor de un retroceso en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El origen del conflicto: Circular N°16 de Hacienda
La controversia tiene su raíz en la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, un documento técnico elaborado para el Presupuesto 2027 y la proyección financiera del periodo 2028-2031. En dicho texto se incluían recomendaciones para descontinuar diversos programas del Ministerio de Educación, dentro de los cuales figura el PAE. Aunque el Ejecutivo, bajo la administración del presidente José Antonio Kast, ha intentado bajar el perfil asegurando que se trata de sugerencias internas, para la oposición la señal es clara.
Los parlamentarios advierten una estrategia fiscal donde se priorizarían rebajas impositivas a grandes empresas a costa de programas sociales. Luis Cuello fue enfático al respecto:
«La sola amenaza de suprimir el programa de alimentación escolar que hoy día beneficia a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, vulnera el derecho a la alimentación que está consagrado en tratados internacionales. Acá se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar dinero a costa de los niños para luego entregar recursos por la vía de la rebaja de impuestos a grandes empresas».
Impacto social y proyecciones
Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana cuestionó duramente la postura gubernamental: «Lo que hemos visto por parte del gobierno en los últimos días no solo es indolencia y desconocimiento de la entidad de la alimentación escolar, es también una mirada economicista de esta importante política pública». El legislador recalcó que se está omitiendo el beneficio social y la función de soporte estructural para la permanencia escolar que cumple la Junaeb.
La carta enviada a UNICEF también fue suscrita por los diputados Patricio Pinilla (DC), Daniela Serrano (PC) y Lorena Pizarro (PC). Para los parlamentarios, las palabras del presidente Kast no son suficientes mientras la circular permanezca vigente, dejando abierta la puerta a posibles recortes futuros. El estado actual del programa sigue en entredicho y la falta de una respuesta jurídica definitiva mantiene el escenario en incertidumbre, lo que sugiere que la presión política sobre el gasto público continuará durante los próximos meses.
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