La Fiscalía Metropolitana Oriente prepara una nueva arremetida judicial contra el ex diputado Joaquín Lavín León. El próximo 4 de mayo, a las 9:00 de la mañana, el político será formalizado junto a tres ex funcionarios de su confianza en una causa que ahora incluye el eventual uso indebido de datos del Servicio Electoral (Servel).
A los cargos previamente conocidos por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, se suma esta nueva arista: la utilización comercial de información que, por mandato legal, tiene fines estrictamente electorales.
Implicados y alcances de la investigación
El empresario informático Felipe Vázquez Diéguez, ya presente en el proceso, enfrenta cargos por delitos electorales derivados de hechos ocurridos entre 2018 y 2026 en la comuna de La Florida. Por otra parte, Arnaldo Domínguez Vallejos, ex asesor parlamentario cercano a Lavín León, figura como uno de los involucrados principales debido a una acusación por falsificación de instrumento privado mercantil por eventos que se habrían extendido entre 2015 y 2025 en las ciudades de Santiago y Valparaíso.
¿Qué riesgos legales enfrenta el ex diputado?
El ex fiscal Claudio Uribe aclaró que el uso comercial de datos del Servel está terminantemente prohibido. Al respecto, el ex persecutor señaló:
«En el fondo, por usar comercialmente los datos del Servicio Electoral, lo cual está absolutamente prohibido. Y si se descubre que en definitiva esta gente lo usó para eso, obviamente ahí se cometen delitos que no tienen penas particularmente altas, pero que sí son objeto de sanción penal».
Uribe advirtió que, aunque las penas no sean privativas de libertad de alta intensidad, la existencia de sanciones penales podría escalar si se comprueba la responsabilidad de terceros y su vínculo directo con las gestiones del ex diputado.
Proyecciones del proceso judicial
Por su parte, el académico de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, explicó que la estrategia de la Fiscalía se basa en la evolución de las pruebas recopiladas. Según el experto, el Ministerio Público tiene la facultad de reformalizar nuevos delitos o incluir a más personas dependiendo de los resultados de las diligencias.
Mientras Joaquín Lavín León ha solicitado su sobreseimiento, la audiencia del 4 de mayo marca un hito clave. ¿Logrará el equipo jurídico del ex parlamentario frenar la ampliación de estas imputaciones o la Fiscalía sumará nuevos antecedentes a medida que avance la investigación?