El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país, con el objetivo explícito de “liberar las carreteras”. Esta drástica medida llega después de siete semanas de intensas protestas y bloqueos protagonizados por sectores campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual mandatario.
Paz comunicó la decisión a través de sus redes sociales y un mensaje televisado, horas después de alcanzar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para buscar la “pacificación” del país; sin embargo, este pacto fue rechazado de inmediato por los otros dos frentes en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores del exmandatario (2006-2019).
“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió el gobernante en sus plataformas digitales.
El mandatario aseguró que esta imposición “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y reiteró que su Gobierno mantendrá “las puertas abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”. Insistió en la necesidad de que “Bolivia necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”.
Durante su mensaje televisado, Paz explicó que instruyó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. Justificó su decisión señalando que al inicio de las protestas optó por “dialogar antes de confrontar”, buscando diferenciar entre sectores con demandas “legítimas” y aquellos que intentaron “transformar una protesta social en una estrategia” de “ruptura democrática constitucional”.
“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, manifestó Paz, endureciendo su discurso.
El presidente reiteró su acusación, señalando que detrás de las movilizaciones hay “estructuras políticas organizadas” que supuestamente operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, zona identificada como el bastión sindical y político de Evo Morales en el centro del país.
Paz lamentó que este “intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento”, generando además “pérdidas económicas incalculables”. Por ello, afirmó que, tras agotar “todas las instancias de diálogo” y lograr acuerdos “con quienes tenían demandas legítimas”, se vio obligado a declarar el estado de excepción.
Según la información oficial de la Presidencia boliviana, la medida no implica la suspensión de derechos, pero sí establece que “quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”. Adicionalmente, se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía con el fin de “proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento”.
La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales. La Central Obrera dispuso el viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y los afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia de Paz. El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a las interrupciones en las vías.
