Un tenso conflicto laboral afecta a la Seremi de Salud de Los Lagos, donde un grupo de funcionarios ha denunciado a la autoridad regional, Evelyn Brintrup, por presunto acoso y trato discriminatorio. La controversia surge tras la aplicación de sanciones derivadas de un sumario administrativo relacionado con un error en el proceso de vacunación contra el Covid-19, evento donde se utilizaron lotes de fármacos vencidos por dos días.
El origen del conflicto y las sanciones
El sumario administrativo, que también afectó a la exjefa del Programa Nacional de Inmunizaciones y a diversos encargados provinciales, se gestó tras detectarse un “error programático” durante la crisis sanitaria. Según los afectados, la medida de suspensión temporal y la posterior rebaja de grado en sus cargos actuales responden a este proceso investigativo que, aseguran, estaba finalizado desde octubre pasado pero fue ejecutado recién ahora.
La defensa de la autoridad regional
Ante las acusaciones, Evelyn Brintrup descartó tajantemente cualquier práctica de discriminación. La seremi argumentó que los cambios en las funciones del personal obedecen estrictamente a un ordenamiento administrativo respaldado por una resolución de la Subsecretaría de Salud Pública emitida en diciembre de 2025.
En ningún momento hay un trato discriminatorio. Lo que se resolvió tiene que ver con un proceso técnico administrativo, dando respaldo a un ordinario donde se establecieron netamente las funciones que debe cumplir cada profesional y también respaldando las acciones que sean de manera eficiente para dar respuesta a la comunidad.
Cuestionamientos legales y futuro del caso
Por su parte, el abogado de los trabajadores, Mauricio Sáez, sostiene que la sanción no tiene sustento reglamentario. Según el jurista, los funcionarios cumplieron con el protocolo del Minsal al informar oportunamente el error detectado, lo cual debería eximirlos de castigos punitivos bajo la normativa ministerial vigente.
“En este caso, ellos denunciaron su error. Cumplieron todas las directrices que el ministerio envía para los errores programáticos. Sin embargo, esto que se dio en todas las regiones, solo en esa, al menos de lo que nosotros tenemos en carpeta, se sancionó y además muy tardíamente”, enfatizó Sáez. Actualmente, los denunciantes han ingresado denuncias bajo la Ley Karin y se encuentran preparando una arremetida judicial que incluiría recursos de protección y demandas por tutelas de derechos laborales. La comunidad y los gremios de salud se mantienen atentos al desenlace de este caso que pone en entredicho las jerarquías internas del servicio regional.
