La Fiscalía reveló que el perjuicio económico en el caso Sartor supera los US$78 millones y los $104 mil millones, en un esquema que operó entre 2021 y 2024. Este jueves se inició la formalización de once exdirectivos y ejecutivos del Grupo Sartor, incluidos los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín, además del empresario Michael Clark.
Los acusados habrían utilizado fondos administrados por la compañía para financiar sociedades propias, priorizando sus intereses por sobre los de los inversionistas. La investigación del Ministerio Público sostiene que estas operaciones se hicieron sin transparentar los conflictos de interés, ocultando información al mercado y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), incumpliendo así la Ley Única de Fondos.
Michael Clark es una figura central en el entramado. Siendo parte del directorio de Sartor AGF, su empresa Redwood Capital recibió fondos de la administradora. Paralelamente, Clark asesoraba a Nexus, controladora de la Isapre Nueva Masvida, uno de los inversionistas perjudicados por el colapso del grupo. Este doble rol es considerado por la Fiscalía como un conflicto de interés clave en la operación.
El nombre de Clark también resuena en las querellas por la toma de control de Azul Azul mediante el Fondo Tactical Sports, donde se habría eludido la obligación de una Oferta Pública de Adquisición. Estos antecedentes forman parte de las actuales investigaciones contra el empresario, quien, antes de la audiencia, declaró que enfrentaría el proceso judicial.
La Fiscalía imputa el delito de administración desleal de fondos, al canalizar recursos de inversión privada hacia sociedades relacionadas y financiar empresas del propio grupo, evadiendo los controles reglamentarios. El fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, precisó que estas acciones se ejecutaron en detrimento de los inversionistas y con ocultamiento de conflictos de interés ante el regulador y el mercado.
Decenas de personas naturales, empresas y fondos de inversión se identifican como víctimas del presunto fraude, afectadas por la pérdida de valor de los fondos Sartor, cuyos recursos se habrían desviado para beneficiar a los mismos directivos.
El abogado querellante César Ramos, representante de 43 aportantes, expresó que esperan medidas cautelares firmes, incluyendo prisión preventiva para los casos más graves. Ramos destacó la colaboración de los querellantes y la solidez de la investigación, respaldada por antecedentes, sanciones previas de la CMF y evidencia recabada.
La audiencia de formalización continuará con la presentación de más antecedentes por parte de la Fiscalía. Posteriormente, el tribunal definirá las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitará para los once imputados.
