El Gobierno de Chile se encuentra evaluando una profunda reforma al sistema de indemnización por años de servicio, con la mira puesta en avanzar hacia un modelo de indemnización laboral a todo evento. Así lo confirmó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien detalló que el esquema actual representa un costo sumamente elevado para las empresas chilenas, posicionándose como uno de los más altos entre los países miembros de la OCDE.
La autoridad explicó la brecha con un ejemplo concreto: en Chile, un empleado despedido bajo la causal de necesidades de la empresa tras cinco años de antigüedad recibe el equivalente a cinco remuneraciones. En contraposición, el promedio de los países de la OCDE entrega cerca de la mitad de ese monto para un caso similar. Frente a este escenario, Tomás Rau reconoció que la iniciativa ya está bajo estudio, aunque admitió que la discusión legislativa e institucional será compleja y generará controversias.
En el panorama actual, la indemnización por años de servicio se otorga únicamente cuando el despido se justifica por necesidades de la empresa o por desahucio del empleador. Este beneficio consiste en un mes de sueldo por año trabajado, con un límite de 11 años y un tope imponible de 90 UF. El ministro puntualizó a Emol TV que estas causales solo alcanzan a una fracción menor del mercado laboral:
poco más del 20% de los trabajadores son despedidos por necesidades de la empresa o desahucio del empleador, por lo que solo un poco más del 20% tiene acceso a esa indemnización
Para revertir esta asimetría, la alternativa que baraja el Ejecutivo busca asegurar que la totalidad de los trabajadores perciba un pago al término de su relación laboral, sin importar cuál sea el motivo de su salida. El mecanismo requeriría una cotización adicional del 1,8% a cargo del empleador. Este monto, sumado al aporte que hoy se realiza al Seguro de Cesantía, daría origen al fondo de indemnización a todo evento.
Al respecto, la académica de la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes, Francisca Contreras, analizó las implicancias de esta eventual transición. La experta señaló a BioBioChile que este formato operaría como un «sistema de ahorro forzoso» acumulativo a lo largo del vínculo laboral. De concretarse, la medida regiría exclusivamente para los nuevos contratos de trabajo, resguardando la situación de quienes ya están contratados bajo las reglas vigentes, lo cual obligaría al Ejecutivo a ingresar un proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo en el Congreso.
En materia de beneficios, Francisca Contreras destacó que los trabajadores tendrían una mayor cobertura generalizada, incidiendo directamente en sectores donde rara vez se recurre a la causal de necesidades de la empresa. No obstante, advirtió sobre el impacto económico individual:
una cotización del 1,8% mensual no necesariamente produce el mismo resultado económico que la indemnización actual para un trabajador con años de antigüedad
La docente detalló que alguien despedido hoy tras una década de servicio puede retirar hasta diez sueldos de forma inmediata, mientras que el fondo acumulado con el 1,8% bajo el nuevo esquema podría ser significativamente inferior. Pese a este riesgo de desmedro, la especialista valoró que la propuesta disminuiría el temor a perder los años de servicio acumulados, facilitando la movilidad laboral y el dinamismo productivo de la economía chilena. ¿Logrará el Ejecutivo el consenso político necesario para impulsar este cambio de paradigma laboral?
