Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, generaron confusión respecto a nuevos casos de víctimas de desaparición forzada con calificaciones erróneas. Sin embargo, la diputada Lorena Fries (FA) aclaró que las situaciones a las que aludió el secretario de Estado no son nuevos hallazgos, sino casos históricos ya conocidos y, en muchos, resueltos por la justicia. La polémica se desató luego de que Rabat afirmara que el caso de Bernarda Vera “no sería el único” bajo revisión en el Programa de Derechos Humanos.
La parlamentaria, quien fue exdirectora del INDH, enfatizó que el caso de Bernarda Vera ya había sido remitido al ministro en visita Álvaro Mesa, a cargo de las causas por violaciones a los derechos humanos, lo que lo convirtió en una investigación reservada.
“El caso de Bernarda Vera ya había sido entregado al ministro juez de causas de Derechos Humanos, Mesa, y por lo mismo era una investigación reservada”
, afirmó Fries, quien cuestionó la atribución de estos casos por parte del ministro, dado que varios de ellos cuentan con fallos judiciales y fueron denunciados cuando el programa aún dependía del Ministerio del Interior, alrededor del año 2009.
En defensa del Plan Nacional de Búsqueda, la diputada destacó que uno de sus propósitos fundamentales ha sido revisar y depurar los registros históricos de víctimas.
“Lo que está demostrando el Plan Nacional de Búsqueda es que es capaz, justamente, de identificar a aquellas personas que por distintas razones estaban mal calificadas, probablemente porque no había antecedentes suficientes en ese momento”
, explicó. Fries añadió que este mismo proceso también ha revelado situaciones inversas, como un caso de víctima que, por un error de tipeo, no había recibido la reparación correspondiente durante años.
El Ministerio de Justicia, tras ser consultado por BioBioChile, confirmó que las declaraciones de Rabat no se referían a nuevos casos. La cartera explicó que el ministro aludió a un total de nueve casos históricos de personas erróneamente calificadas como detenidos desaparecidos, los cuales ya habían sido investigados judicialmente antes de la creación del Plan Nacional de Búsqueda en 2023. Con la incorporación del caso de Bernarda Vera, la cifra asciende a diez. Además, se identificaron otros dos casos de duplicidad en los registros, donde víctimas fueron inscritas dos veces, una con su nombre real y otra con su alias.
La cartera de Justicia concluyó que la intención de Rabat fue subrayar la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión, pese al valioso trabajo de la Comisión Rettig, para minimizar inconsistencias en las calificaciones históricas y asegurar la mayor precisión en los registros de víctimas.
