Avances en la reforma de Sala Cuna
El Presidente José Antonio Kast, junto a los ministros Tomás Rau, María Paz Arzola, María Jesús Wulf y Judith Marín, oficializó las nuevas indicaciones para el proyecto de Sala Cuna Universal. La iniciativa, que será tramitada en la Comisión de Educación del Senado, busca establecer un sistema de cobertura universal implementado de forma gradual para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
El mandatario enfatizó que el objetivo es lograr un equilibrio entre el derecho al trabajo de las mujeres y la contratación formal. Kast aseguró que se busca evitar que este derecho se transforme en un desincentivo para los empleadores, poniendo especial énfasis en la protección de las Pymes.
Financiamiento y rol del Estado
El núcleo de la propuesta es la creación de un nuevo Fondo de Sala Cuna, cuyos aportes serán definidos regionalmente según los costos efectivos de provisión. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, aclaró que este mecanismo se financiará mediante una cotización adicional de 0,35%. No obstante, el secretario de Estado precisó que dicho monto será compensado con una disminución por igual porcentaje en las cotizaciones que el empleador paga al seguro de cesantía, evitando así un encarecimiento de los costos laborales o un impuesto al trabajo.
Lo que buscan estas indicaciones es un justo equilibrio. Por un lado abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos estén bien cuidados, sostuvo el Presidente José Antonio Kast.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Judith Marín, subrayó que esta reforma busca terminar con una injusticia silenciosa que ha afectado por décadas el desempleo femenino. La ministra señaló que la falta de redes de apoyo ha interrumpido trayectorias laborales y limitado oportunidades reales para las trabajadoras chilenas.
Fiscalización y control
Para asegurar el correcto funcionamiento, se creará una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad, encargada de evaluar la viabilidad financiera y proponer valores de aporte. La fiscalización recaerá sobre la Superintendencia de Pensiones, que supervisará el cumplimiento de las obligaciones legales.
El proyecto incluye estrictos mecanismos de control y sanciones para quienes intenten obtener aportes de manera indebida o presenten antecedentes falsos. Adicionalmente, el Ejecutivo ha mantenido el foco en la responsabilidad fiscal, descartando proyectos que prometan beneficios insostenibles en el tiempo. En paralelo a este anuncio, el debate nacional sobre deudas como el CAE se mantiene vigente, con un 54% de apoyo en la última encuesta Cadem a que el Estado cobre los compromisos impagos.
