Los parlamentarios por la Región Metropolitana, Catalina del Real (PR) y Francisco Orrego (RN), solicitaron formalmente al Ejecutivo que otorgue urgencia legislativa al proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los delitos cometidos por los denominados motochorros. La iniciativa no solo pretende castigar el actuar de estos delincuentes, sino también tipificar legalmente el fenómeno del secuestro digital.
¿Qué es el secuestro digital y por qué preocupa?
Según explicaron los legisladores, el robo de teléfonos celulares en la vía pública dejó de ser una simple sustracción de bienes materiales. Actualmente, los delincuentes acceden a cuentas bancarias, fotografías personales, correos electrónicos y bases de datos sensibles. Este acceso permite a los antisociales iniciar un proceso de asfixia económica y extorsión sistemática contra las víctimas.
La diputada Catalina del Real, quien es autora de la propuesta legislativa, advirtió sobre la gravedad del escenario actual:
Al robar un celular, los delincuentes usan esa información sensible para vaciar cuentas en minutos o extorsionar a las familias de las víctimas. Se requieren herramientas penales drásticas y urgencia inmediata a la ley de motochorros.
Por su parte, Francisco Orrego enfatizó que la actuación de estas bandas es cada vez más agresiva. El parlamentario señaló que los delincuentes operan a plena luz del día con total impunidad, por lo que el Estado no puede seguir quedando atrás en la persecución de estos grupos criminales organizados.
Estado actual del proyecto de ley
El diputado Orrego hizo un llamado directo al Gobierno para que patrocine esta iniciativa, subrayando que la protección del espacio digital es hoy tan crítica como la vigilancia de las calles. Actualmente, el proyecto de ley contra los motochorros se encuentra en su primer trámite constitucional dentro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La viabilidad de esta normativa depende ahora de la voluntad del Ejecutivo para conceder la urgencia solicitada, lo que permitiría acelerar su votación en la Sala. Queda por ver si el Gobierno responderá positivamente a esta petición ante la creciente ola de inseguridad que afecta a los usuarios de dispositivos móviles en la Región Metropolitana.
