La Cámara de Diputados dio un paso decisivo en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional al aprobar, con 81 votos a favor, la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones. La iniciativa superó el quórum necesario de 78 votos, marcando un hito en la discusión de este paquete de medidas impulsado por el Gobierno para reactivar la economía local.
¿Qué sigue ahora para esta medida? El foco del debate se traslada al Senado, instancia que deberá definir si ratifica el periodo de un cuarto de siglo o si opta por una reducción a 20 años. Asimismo, los legisladores de la Cámara Alta deberán revisar detalles técnicos, como los ajustes en los montos mínimos de inversión necesarios para acceder a estos beneficios.
Detalles y alcance de la medida pro inversión
Esta normativa es un pilar central junto a otras estrategias como el crédito al empleo y la gradual rebaja del impuesto corporativo. Según estimaciones del Ejecutivo, el objetivo principal es incentivar la llegada de capitales para dinamizar el crecimiento económico y la creación de plazas laborales en Chile.
El esquema propuesto establece una carga tributaria máxima de impuesto a la renta para inversores, tanto locales como extranjeros, en proyectos que superen los US$50 millones. En el caso de los inversionistas extranjeros, se contempla una tasa máxima del 35%, excluyendo el royalty, mientras que para los locales se respetará el estatuto vigente al momento de formalizar el contrato de inversión.
Antecedentes históricos y proyecciones
Para contextualizar, Chile ya contó anteriormente con un mecanismo similar: el Estatuto de Inversión Extranjera, conocido como DL600. Vigente entre 1974 y 2015, este instrumento permitía asegurar la invariabilidad mediante un contrato ley con el Estado. Cifras oficiales indican que dicho marco permitió captar más de US$100 mil millones en inversión extranjera directa durante su vigencia.
Ante la actual propuesta, el Ministerio de Hacienda ha mantenido expectativas optimistas sobre el impacto de la medida en el mediano plazo. Las proyecciones del Gobierno sugieren que la implementación de esta invariabilidad podría aportar un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte de 10 años.
Actualmente, el proyecto continúa su trámite legislativo en el Congreso. La interrogante que queda abierta para los mercados y el sector empresarial es si se mantendrán los 25 años aprobados inicialmente o si la discusión parlamentaria en el Senado derivará en una versión más acotada de la reforma.
