La Coordinadora Nacional de Deudores del CAE respondió con dureza a los recientes comentarios realizados por el presidente José Antonio Kast, quien se refirió a los embargos que enfrentan los miles de afectados por el Crédito con Aval del Estado. A través de una declaración pública, el colectivo manifestó su rechazo absoluto a la postura del Mandatario, acusándolo directamente de intentar criminalizar a las familias que asumieron deudas para acceder a la educación superior.
En el texto, la organización fue tajante al desmentir los argumentos gubernamentales.
Afirmar que somos responsables de la crisis de la educación o que los convenios actuales solucionan el problema de fondo es una total mentira
, declararon desde la entidad, añadiendo que los deudores son en realidad víctimas de un sistema fallido que transformó un derecho social en una carga financiera inmanejable que solo ha beneficiado el negocio bancario.
Medidas exigidas ante la crisis del CAE
La agrupación cuestionó profundamente los actuales convenios de pago vigentes, calificándolos como mecanismos que asfixian la economía familiar mediante condiciones rígidas. Para revertir esta situación, la Coordinadora ha planteado cuatro exigencias fundamentales al Ejecutivo:
- Frenar los embargos: Detener de manera inmediata todas las acciones judiciales y el secuestro de bienes que hoy amenazan el patrimonio de los hogares.
- Convenios flexibles y realistas: Adecuar los pagos a los ingresos reales de las familias, incorporando protecciones ante eventuales situaciones de cesantía.
- Pasar la deuda a pesos: Eliminar el reajuste basado en la UTM, el cual vuelve la deuda impagable, para fijar montos en pesos.
- Pago por lo demandado originalmente: Limitar el cobro al monto base de la deuda, eliminando los costos de cobranza abusivos y reajustes artificiales.
Finalmente, la Coordinadora Nacional de Deudores del CAE enfatizó que no tolerarán ser utilizados como herramientas para agendas políticas ajenas a sus necesidades. El colectivo insiste en que la educación debe tratarse como un derecho y que la resolución de este conflicto requiere soluciones justas, reales y con una mirada empática hacia la realidad que viven miles de chilenos. Por ahora, el gremio mantiene la presión para que sus demandas sean incorporadas en cualquier reforma futura al sistema de financiamiento estudiantil.
