La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi confirmó que se encuentra analizando los pasos legales a seguir tras una dura resolución del Segundo Tribunal Ambiental. El organismo dictaminó la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) obtenida en 2021 para el proyecto denominado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, una iniciativa clave para la minería en la Región de Tarapacá.
El fallo, emitido el 14 de mayo de 2026 y que abarca más de 150 páginas, ordena al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el proceso de evaluación. La decisión acogió parcialmente las reclamaciones de comunidades indígenas, cuestionando aspectos estructurales del proceso y generando incertidumbre sobre el futuro de esta expansión.
Detalles de la inversión y postura de la empresa
Frente al dictamen, la minera sostuvo en una declaración enviada a La Radio que su gestión se ha ajustado siempre a la normativa vigente. Según la compañía, este criterio fue respaldado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros, instancia que rechazó en su momento las mismas reclamaciones que hoy han prosperado en tribunales.
Collahuasi detalló que el proyecto cuenta con una inversión ejecutada de aproximadamente US$3.200 millones, lo que equivale a $2.908.416.000.000. Además, la empresa enfatizó que la planta desaladora, pilar central de esta iniciativa, se encuentra ya en su etapa final de construcción tras una tramitación judicial que se extendió por 800 días.
El nudo crítico: fallas en la evaluación social
El conflicto no se centra en emisiones contaminantes, sino en deficiencias técnicas sobre el medio humano. Según los reclamantes, el proyecto careció de una evaluación robusta, omitiendo estudios antropológicos adecuados y excluyendo a grupos indígenas del proceso de consulta.
El SEA incurrió en un manifiesto error de hecho al confundir las referencias realizadas a propósito del señor Ernesto Barreda Soza con los integrantes del GHPPI Familia Barreda Paniagua, lo que determinó que este grupo humano no fuera incluido en la línea de base del medio humano.
El tribunal concluyó que el SEA actuó bajo un error de hecho al no caracterizar correctamente a ciertos grupos. El fallo señala:
- Se debe revisar la línea base del medio humano.
- Es necesario evaluar la afectación a comunidades y abrir nuevas instancias de participación y consulta.
- El tribunal validó, por el contrario, la evaluación del componente marino y las medidas de la planta desaladora.
Actualmente, el futuro de este proyecto depende de que el SEA subsane las deficiencias detectadas. Aunque la obra no está cancelada, la exigencia de una nueva evaluación abre un complejo proceso donde Collahuasi podría insistir en nuevas acciones judiciales, dejando la continuidad de la expansión supeditada a una revisión profunda de sus impactos sociales.
