Embargos por el Crédito con Aval del Estado
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la reciente polémica sobre la confiscación de fondos desde cuentas corrientes a deudores del CAE. La autoridad fue enfática al señalar que, aunque ninguna administración desea aplicar medidas extremas, es fundamental asegurar el cumplimiento de la ley frente a la alta morosidad que afecta al sistema.
Durante la última semana, múltiples reportes de usuarios del Crédito con Aval del Estado confirmaron la extracción forzosa de dinero desde sus cuentas bancarias. En una entrevista con Mesa Central de Canal 13, Arzola explicó el trasfondo de esta decisión, atribuyendo el problema a las expectativas poco claras generadas en el pasado sobre una eventual condonación, lo que llevó a muchos beneficiarios a dejar de pagar sus cuotas.
Impacto en el financiamiento educativo
La secretaria de Estado advirtió que la situación actual ha vuelto al sistema del CAE insostenible. Según sus declaraciones, la falta de pagos no solo compromete la continuidad del crédito, sino que también reduce los recursos públicos necesarios para financiar políticas de educación superior y otros niveles del sistema educativo nacional.
La ministra aclaró que la medida se está ejecutando de forma gradual: “se está avanzando con quienes tienen mayores rentas, se ha priorizado en ingresos más altos y se ha ido bajando”. Esta estrategia busca mitigar el impacto en los segmentos con menor capacidad de pago, siempre que estos se acerquen a regularizar su situación.
Llamado a la regularización
Arzola recordó que los deudores contaron con diversos avisos previos y etapas para gestionar convenios de pago. “Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”, reiteró la titular del Mineduc, haciendo un llamado a quienes tienen menores ingresos para que tomen medidas preventivas y eviten sufrir estos embargos.
Finalmente, la ministra subrayó que el cumplimiento del compromiso de pago es un elemento clave para mantener la viabilidad de las ayudas estudiantiles en el país. La autoridad espera que los deudores aprovechen las instancias de convenio disponibles para normalizar sus deudas pendientes antes de enfrentar nuevas medidas coercitivas.
