El senador Gastón Saavedra (PS) lanzó una dura arremetida contra CAP, acusando a la empresa de actuar sin transparencia durante la crisis que culminó en la reciente venta de su siderúrgica a AZA. Según el parlamentario, mientras la compañía solicitaba apoyos estatales para enfrentar el complejo escenario del acero, simultáneamente mantenía activas las negociaciones para vender sus activos.
En una entrevista concedida a Radio Bio Bío en Concepción, el legislador reconoció el valor de la noticia sobre el traspaso a AZA. Sin embargo, enfatizó que la compañía omitió información clave durante el cierre, permitiendo que, mientras se pedía ayuda al Estado, se obtuvieran beneficios en la bolsa.
¿Qué ocurrió realmente con CAP y los subsidios estatales?
El punto central del reclamo de Saavedra radica en la disparidad entre la situación financiera proyectada y la realidad bursátil. De acuerdo con el senador, las acciones de la empresa experimentaron alzas tras anuncios estratégicos, mientras que el peso del cierre recayó sobre Talcahuano y las arcas fiscales.
Le faltó transparencia. Mucho rato estaba negociando, los hechos así lo constatan. Pero además, si usted después refleja los diferentes anuncios que se fueron haciendo en la bolsa, significaron alzas de las acciones de la CAP. Entonces nunca hubo pérdidas y las pérdidas se las llevó Talcahuano.
El parlamentario fue enfático al señalar que el fisco debió absorber parte de los costos a través de subsidios destinados a la salida de los trabajadores afectados. Aunque evitó utilizar la palabra engaño para describir la estrategia corporativa, calificó el actuar de la empresa como un episodio con un sabor amargo para la región.
El impacto financiero de la operación
Más allá de la crítica política, los datos técnicos confirman la magnitud del movimiento. El hecho esencial notificado por CAP a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) oficializó una operación valorada en 130 millones de dólares. No obstante, la compañía ha proyectado que el valor total podría ascender a más de 400 millones de dólares, supeditado a los proyectos futuros y las decisiones de los nuevos controladores.
Para el senador Saavedra, el desafío ahora es saldar la deuda pendiente con Talcahuano. «La verdad permite mejores caminos hacia el futuro», concluyó el parlamentario, planteando una interrogante sobre si la transparencia podrá recuperar la confianza de una comunidad duramente golpeada por el proceso de desindustrialización.
