El origen de la polémica en Futaleufú
Una grave denuncia sacude a la comuna de Futaleufú, en la región de Los Lagos. Vecinos del sector han alertado que ciudadanos argentinos habrían adquirido extensos terrenos fronterizos, sorteando la prohibición legal que rige en Chile desde 1977. La controversia gira en torno a un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el sector del lago Lonconao, una zona estratégica que requiere estrictos controles.
John Griffiths, del centro especializado Athenalab, enfatiza la relevancia de este caso: «Esas son zonas de alto valor estratégico para la defensa nacional y en consecuencia para la seguridad nacional del país». Por su parte, el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, reclama mayor atención estatal: «Hemos sido un poco abandonados justamente por el Estado. Entonces, aquí obviamente hay una historia, que hay que actualizar, que hay que regular, hay que investigar».
La denuncia de Antonio Carracedo
El empresario chileno y vecino de la zona, Antonio Carracedo, reveló que en 2016 tres ciudadanos argentinos mostraron interés por terrenos en el área. Posteriormente, una sociedad denominada Rumbo Sur concretó la compra del predio. Según Carracedo, en la documentación presentada se omitió la nacionalidad argentina de los compradores.
«Presentó una declaración diciendo que él era italiano y que los señores Becerra y Taschetti eran españoles. Y la notaría aceptó esos documentos y eso les permitió comprar», afirmó el empresario al relatar cómo habrían sorteado la restricción mediante este supuesto engaño.
La postura de los compradores y la ley
Gustavo Ortiz, abogado de los compradores, rechazó las acusaciones de irregularidad y defendió la buena fe de sus clientes. «Yo esa parte la desconozco porque yo no participé del momento de la adquisición de los terrenos. Lo que yo sí puedo afirmar con toda seguridad es que ellos compran de buena fe, en el convencimiento que no estar infringiendo ninguna norma legal», señaló.
Ortiz añadió que sus representados también poseen nacionalidad española, argumentando que no hubo intención de saltarse la normativa chilena. Sin embargo, la abogada experta en derecho internacional, Paula Cortés, discrepa de esta visión. Cortés aclara que, al mantener la nacionalidad argentina, los compradores debieron solicitar una autorización presidencial especial, un requisito obligatorio para ciudadanos de países limítrofes.
«Está expresamente prohibido si no tiene esa autorización. O sea, si estas personas se quieren someter a la ley chilena, deberían haber pedido esta autorización especial, como lo han hecho otros entonces», sentenció la especialista, subrayando que sin este trámite, la operación contraviene la legislación vigente.
