Una reciente auditoría al programa Becas Chile dejó al descubierto una compleja situación financiera: un total de 1.800 beneficiarios mantienen incumplimientos contractuales que suman una deuda de 100 mil millones de pesos. Este hallazgo ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas, incluyendo la suspensión de los fondos para programas de magíster y posdoctorado para el año 2026.
El impacto de la auditoría y la reacción del Congreso
El estudio fue solicitado por la ministra de Ciencia, Ximena Linconao, quien informó los resultados este lunes ante la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado aclaró que la suspensión del programa se mantendrá a la espera de un análisis más profundo. Según los datos revelados, el 70% de la deuda total proviene de beneficiarios que no acreditaron su regreso a Chile tras finalizar sus estudios en el extranjero.
Ante este escenario, la respuesta desde el Poder Legislativo no se hizo esperar. La diputada de la UDI, Marlene Pérez, exigió una fiscalización más estricta:
Las instituciones fiscalizadoras deben cumplir su labor con total rigurosidad. Falencias de esta clase son inaceptables y no pueden volver a ocurrir en un programa de esta envergadura.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, subrayó que, si bien es imperativo respetar los acuerdos y contratos, las medidas correctivas no deberían transformarse en una limitación permanente para el desarrollo científico nacional. Cabe destacar que la ministra Linconao ya había señalado previamente que el recorte presupuestario para su cartera no superaría el 3%.
Perfiles y acciones judiciales en curso
La investigación permitió identificar patrones específicos sobre los deudores. El mayor número de beneficiarios que han incumplido sus obligaciones se concentraba en comunas de altos ingresos, específicamente Las Condes, Santiago, Vitacura y Providencia.
Actualmente, el Gobierno ha iniciado un trabajo colaborativo con la Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo de judicializar la cobranza de estos fondos. Mientras se avanza en la recuperación de los 100 mil millones de pesos, la incertidumbre persiste sobre el futuro de los programas de posgrado para los próximos periodos académicos, dejando abierta la pregunta sobre cómo se reestructurará el sistema para evitar nuevas falencias de este tipo.
