Denuncian irregularidades en zona estratégica de Futaleufú
Una compleja situación mantiene en alerta a los habitantes del lago Lonconao, en la comuna de Futaleufú, región de Los Lagos. Vecinos del sector han presentado una demanda acusando la compra irregular de terrenos fronterizos por parte de ciudadanos argentinos, contraviniendo normativas que protegen la soberanía nacional.
Esta restricción, vigente desde 1977, prohíbe la venta de propiedades en zonas limítrofes a ciudadanos de países vecinos debido a la importancia estratégica de estas áreas. Futaleufú ha sido clasificada bajo la categoría de zona “totalmente fronteriza”, por lo que cualquier operación de este tipo requiere autorizaciones especiales que, según los denunciantes, no habrían sido gestionadas.
El origen del conflicto y la omisión de nacionalidad
La controversia tiene su raíz en 2016, año en que la sociedad “Rumbo Sur” adquirió un paño de más de 200 hectáreas en el sector. La empresa estaba compuesta por el matrimonio argentino Jorge Becerra y María Teresa Taschetti, junto a su hija Sofía, de nacionalidad española. Según Antonio Carracedo, un empresario chileno que conoció el caso, durante el proceso se presentaron documentos donde se ocultó la nacionalidad argentina de los compradores.
“Francisco Bedeschi presentó una declaración diciendo que él era italiano y que los señores Becerra y Taschetti eran españoles. La notaria aceptó esos documentos y permitió comprar”, aseguró Carracedo. Por su parte, Ángelo González, presidente de la junta de vecinos del lago Lonconao, enfatizó la preocupación local: “Nos preocupa mucho el que ciudadanos argentinos compren regularmente en una zona limítrofe que, por ley, no se puede”.
Defensa legal y críticas a la fiscalización estatal
En representación de los involucrados, el abogado Gustavo Ortiz sostuvo que sus clientes actuaron bajo el convencimiento de no infringir la ley. “Ellos compran de buena fe”, señaló, agregando que al tener también ciudadanía española, podrían haber operado bajo esa calidad. El profesional añadió que el caso ya fue revisado por la Fiscalía sin detectar irregularidades y que la propiedad está actualmente bajo control de capitales uruguayos tras el traslado de la sede de la sociedad a Montevideo.
Sin embargo, el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, cuestionó el rol del Estado ante esta situación. “Hemos sido un poco abandonados. Aquí hay una historia que hay que actualizar, regular e investigar”, sentenció. Asimismo, el diputado Sebastián Videla confirmó haber derivado los antecedentes a diversas instituciones, aunque critica la falta de una respuesta clara hasta el momento, lo que mantiene la incertidumbre sobre la validez de estas adquisiciones en territorio chileno.
