El inicio del proceso judicial contra la banda
Este domingo 7 de junio, a las 11:00 horas, comenzó la audiencia de formalización de los 17 integrantes detenidos durante la Operación Tokio. Este operativo representa el mayor golpe financiero propinado al Tren de Aragua en Chile, tras una investigación que abarca delitos cometidos entre 2022 y 2025. Según estimaciones del Ministerio Público, la organización criminal logró lavar cerca de $75 mil millones de pesos, extrayendo de Chile un total superior a los 84 millones de dólares obtenidos mediante extorsiones, prostitución y tráfico de drogas.
Delitos y alcance de la red
Los 17 imputados, capturados el pasado 2 de junio, enfrentan cargos por asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, lavado de activos, delitos de extorsión y contrabando. La gravedad de los hechos dependerá del grado de participación de cada individuo en el esquema. Cabe señalar que esta diligencia ocurre en un contexto de alta sensibilidad pública, donde incluso otros temas de contingencia, como las críticas de la diputada Schneider sobre el embargo de fondos a deudores del CAE, marcan la agenda política.
El origen de la investigación: Un celular clave
La denominada Operación Tokio tiene sus raíces en el homicidio quíntuple ocurrido el 16 de julio de 2024 en una parcela de Lampa, en la Región Metropolitana. En su huida, Bárbara Hernández, una de las cabecillas de la organización, perdió su teléfono móvil. Las pericias posteriores permitieron acceder a registros cruciales que vinculan a la banda con extorsiones a locales nocturnos y comunicaciones con líderes del grupo desde Venezuela.
Conexiones bancarias y criminales
La investigación, que se desarrolla bajo extrema reserva, permitió detectar los primeros contactos entre el Tren de Aragua y José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario detenido por su presunta participación en el lavado de activos. Además, los peritajes hallaron comunicaciones vinculadas a Carlos ‘Bobby’ Gómez, quien se encuentra detenido en Colombia esperando su extradición a Chile por su implicación en el secuestro y posterior homicidio del exteniente Ronald Ojeda. El despliegue fue liderado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en conjunto con las Brigadas de Lavado de Activos y de Crimen Organizado de la PDI, quienes realizaron allanamientos simultáneos en Santiago, San Miguel, San Ramón y diversos centros penitenciarios.
