La Municipalidad de Concepción deberá pagar $17.400.000 a una exfuncionaria, luego de que la justicia calificara su despido como discriminación política. La Corte de Apelaciones penquista anuló un fallo anterior del Juzgado del Trabajo que había rechazado la demanda, desestimando los argumentos del municipio sobre una supuesta reorganización interna.
La exfuncionaria, Camila Jarpa, militante del Frente Amplio, fue desvinculada en diciembre de 2024 del Programa de Fomento Productivo tras la asunción del alcalde Héctor Muñoz. En su lugar, asumió un miembro del partido del jefe comunal, el Partido Social Cristiano, un hecho clave que la Corte consideró como indicio de discriminación.
El abogado Gabriel Acuña, representante de Jarpa, explicó que la serie de pruebas presentadas, incluyendo el vínculo político de su clienta y su apoyo al contendiente de Muñoz en las elecciones, fueron determinantes. La Corte no solo retrotrajo el juicio, sino que dictó un nuevo fallo al encontrar elementos suficientes que acreditaban la discriminación política.
“La Corte no retrotrajo el juicio a primera instancia para que se hiciera nuevamente, sino que estimó que había elementos suficientes para dictar derechamente el fallo y estableció que había un indicio suficiente de discriminación política que tenía que ser debidamente explicado entonces por la municipalidad”
De forma unánime, los ministros de la Cuarta Sala concluyeron que “la decisión de no renovar el contrato de la funcionaria constituye un acto de discriminación arbitraria por razones políticas que vulneró el derecho a la igualdad de trato y de no discriminación en el empleo”.
A pesar del dictamen, el abogado jefe municipal, Rodrigo Díaz, adelantó que impugnarán la resolución a través de un recurso de unificación ante la Corte Suprema. Aunque respetan el fallo, Díaz indicó que existen “dos interpretaciones distintas sobre este caso” y que hay fundamentos para recurrir.
El concejal Eric Riquelme (FA), por su parte, defendió el derecho tanto del alcalde a instalar asesores de confianza como de los desvinculados a recurrir a tribunales. Riquelme destacó la buena labor de la afectada durante su desempeño.
Los argumentos que presentará el municipio penquista ante la Corte Suprema serán los mismos que utilizó la jueza del Trabajo, Stephanie Fernández, en la sentencia que inicialmente había rechazado la demanda laboral de Camila Jarpa.
