La Comisión Mixta encargada de conciliar las discrepancias entre las cámaras del Congreso respecto a la Ley de Incendios avanzó la semana pasada en la resolución de sus primeros puntos. Desde el Gobierno, sin embargo, se han manifestado diferencias cruciales con artículos ya aprobados, lo que podría derivar en un veto sustitutivo.
En una sesión que duró una hora y estuvo marcada por un extenso debate sobre el funcionamiento interno de la instancia, los parlamentarios lograron destrabar los dos primeros aspectos del proyecto. Ambos se refieren a las reclamaciones ante sanciones por incumplimiento de la normativa. Se determinó incluir el sábado en el plazo de 15 días para realizar estas reclamaciones y que estas se presenten ante la Corte de Apelaciones competente en el lugar de los hechos, en lugar de Santiago.
No obstante, parlamentarios del oficialismo solicitaron “más tiempo” para abordar el punto más complejo de la discusión: la definición de la interfaz urbano/rural. Este es el único aspecto de fondo, no procedimental, que la comisión tiene pendiente resolver.
Las visiones sobre la tramitación de la ley son diversas. El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, acusó al sector partidario del Gobierno de buscar dilatar el proceso.
“Me preocupa el ánimo dilatorio que vemos de diputados del oficialismo, que pareciera que no quieren que el Estado cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para prevenir incendios, para enfrentarlos de la mejor manera posible”, postuló Bassa.
Por su parte, la diputada republicana Paz Charpentier reconoció que la ley avanza en la legislación sobre incendios, especialmente en materia de sanciones, pero señaló que presenta vacíos en la prevención de emergencias forestales.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, presente en la sesión, expresó que el Gobierno tiene serios reparos con el texto actual del proyecto. Estas objeciones, relacionadas con el financiamiento, el fondo y la forma de algunos artículos, no son materia de la comisión mixta y solo podrían ser abordadas con unanimidad, algo que el senador socialista Gastón Saavedra ya ha descartado.
Ante la inconformidad gubernamental y la imposibilidad de la comisión mixta de revisar estos artículos, la opción de un veto sustitutivo cobra fuerza como la vía para que La Moneda modifique el texto. La presidenta de la Mixta, la senadora Alejandra Sepúlveda, manifestó su disposición a tramitar dicho veto en “dos semanas” una vez concluida la discusión de los puntos pendientes. “Nosotros podemos sacar en dos semanas todas las dificultades que él pueda ver como una visión distinta del Gobierno”, afirmó Sepúlveda.
La discusión de la comisión se reanudará la tarde de este miércoles, con la expectativa de zanjar el último punto administrativo y definir el futuro de la interfaz urbano/rural.
