Las recientes rebajas de condenas, inicialmente cuestionadas por beneficiar a pederastas, han generado una controversia mayor al incluir a condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre los beneficiados se encuentran el excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el exmiembro de la FACH, Manuel del Carmen Cabezas Pérez, ambos hoy en libertad tras ser sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La diputada Lorena Fries (FA) calificó estas decisiones como una maniobra “soterrada” para liberar a dichos criminales. Fries fue enfática al señalar que las rebajas otorgadas a violadores y abusadores de niños se habrían utilizado como una vía encubierta para favorecer a los condenados por lesa humanidad, en lo que describe como un “patrón de regresión” en materia de derechos humanos.
Sus críticas no se limitaron a los decretos firmados por el Gobierno, sino que también incluyeron los despidos de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda y el proyecto gubernamental que busca reducir atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que ella misma dirigió. La diputada sugirió que las rebajas de condenas buscan evitar la “convulsión” que generan los indultos, una medida impulsada por algunos sectores oficialistas.
Fries también se refirió a la desafiante postura del presidente José Antonio Kast, quien emplazó a la oposición a presentar una Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Al respecto, advirtió sobre las “artimañas opacas, poco transparentes y mentirosas” del Gobierno, al señalar que “esperan que la AC se presente sin los decretos porque eso le da más posibilidades de salir bien parado al ministro”.
La diputada profundizó en el impacto de estas liberaciones, señalando que los requisitos para beneficios intrapenitenciarios de criminales de lesa humanidad son más estrictos y no habrían sido respetados. “Aquí hay una infracción claramente legal”, afirmó, explicando que, a diferencia de los casos de pederastia donde hubo un cambio de jurisprudencia, las peticiones de los condenados por lesa humanidad han sido mayormente rechazadas por las cortes.
“Me parece que hay una estrategia detrás para que, ante la convulsión que producen tanto el proyecto de conmutación de penas como la exigencia de republicanos al Gobierno por el indulto, esta era la forma soterrada de ponerlos en libertad. Eso cumple, de una manera mañosa, con la agenda del Gobierno.”
Consultada sobre si las rebajas a delitos sexuales sirvieron de excusa para liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos, Fries respondió: “Eso es lo que estoy entendiendo. Si uno se fija, los medios en general no han puesto mucha atención en esto, que sí es un tema de la agenda del Gobierno. Por eso no me extrañaría que sea una manera de que pasen colados”. La diputada enfatizó que estas acciones envían una señal preocupante para el mundo de los derechos humanos y las familias de las víctimas de la dictadura.
