El juez Daniel Ortiz se declaró inhabilitado en el polémico caso Puerto Coronel, lo que forzó la reprogramación de la audiencia clave para solicitar la extensión del plazo de investigación. La decisión surge luego de que el propio magistrado advirtiera en junio que no volvería a conceder más tiempo para las diligencias.
La inhabilitación del juez Ortiz fue propiciada por una “recusación amistosa” presentada por el Ministerio Público. Esta acción se hizo necesaria porque, en la audiencia anterior de junio, el juez había sido explícito al indicar que esa sería la última prórroga para la investigación, lo cual chocaba con el interés de la fiscalía de solicitar una nueva extensión.
La fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, explicó la postura de la fiscalía. La intención era pedir una ampliación del período de diligencias en la audiencia de este lunes, situación que se presentaba como un conflicto dado el previo anuncio del magistrado.
Las defensas de los imputados, sin embargo, se opusieron a la recusación de la Fiscalía. Argumentaron que, a pesar de las advertencias del juez, este “no ha perdido la imparcialidad” y que sus declaraciones de junio se debían a la aparente falta de diligencias pendientes por parte del Ministerio Público en ese momento.
El abogado Pelayo Vial, defensor del empresario Hernán Romero Sáez, añadió que si se interpretaran literalmente las intervenciones en audiencias previas, el ente persecutor no debería solicitar más plazo. Esto se sustenta en que en julio ya expiraron los 20 días decretados por el tribunal para el desarrollo de diligencias.
Pese a las objeciones, el juez Daniel Ortiz optó por inhabilitarse, invocando el principio de “buena fe procesal”. Esta medida llevó a que la audiencia fuera pospuesta.
“Por lo anteriormente expuesto, este tribunal se declara inhabilitado para seguir conociendo estos antecedentes y se va a fijar nuevo día y hora para audiencia para que se pase a un juez no inhabilitado”, afirmó Ortiz.
Así, la discusión sobre la ampliación o el cierre de la investigación en la causa, que tiene como imputado principal al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ha sido reagendada para el próximo 2 de octubre.
