Una denuncia por presunto fraude al Fisco, que ascendería a más de $131 millones, fue presentada por el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, ante la Fiscalía de Limache. La acción judicial apunta a la Municipalidad de Olmué, en la región de Valparaíso, y solicita al Ministerio Público investigar un supuesto uso irregular de fondos municipales.
El parlamentario entregó a la fiscalía una serie de antecedentes, incluyendo comprobantes bancarios, contratos y órdenes de compra municipales. Según su exposición, se habría orquestado un mecanismo en el que un contratista supuestamente entregaba dinero, que luego le sería devuelto a través de contratos y adquisiciones municipales.
La denuncia también busca que se investigue un presunto direccionamiento en procesos de licitación correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. Asimismo, solicita establecer las responsabilidades que pudieran recaer en el alcalde de Olmué, Jorge Jil, y otros funcionarios municipales involucrados.
El diputado Olivares enfatizó que su actuación responde a su deber de fiscalizar y asegurar que la ejecución de los recursos públicos se realice con transparencia y probidad.
Por su parte, el alcalde de Olmué, Jorge Jil, comunicó que su administración ya había tomado medidas ante la aparición de antecedentes relacionados con eventuales irregularidades en los pagos a un proveedor municipal.
El jefe comunal explicó que el viernes 14 de agosto recibió una denuncia en el municipio, y ese mismo día instruyó la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos.
Como parte de dicha investigación, Jil detalló que el fiscal administrativo a cargo resolvió la suspensión de funciones del funcionario involucrado, quien deberá comparecer y prestar declaración durante esta semana.
Adicionalmente, el alcalde informó que el proveedor mencionado en la denuncia será citado para declarar. Este lunes, la municipalidad solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la realización de una investigación especial para revisar todos los pagos efectuados desde 2024 y los procesos licitatorios adjudicados a dicho proveedor.
Finalmente, Jorge Jil aseguró que no habrá encubrimiento ni protección para ninguna persona. Subrayó que, de comprobarse irregularidades o un uso indebido de los recursos públicos, se adoptarán las medidas administrativas y legales correspondientes, lo que podría incluir la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.
