El titular suspendido del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto, Sergio Yáber, reveló pagos por 10 millones de pesos al senador Matías Walker (Demócratas). Esta declaración se realizó ante la Fiscalía en el contexto de la investigación por la arista “agencia de nombramientos”, que indaga supuestas irregularidades en la compra y venta de cargos judiciales.
Según un reportaje de Reportea, Yáber afirmó durante su interrogatorio haber transferido el dinero a Walker en 2022. Este monto se suma a un pago previo de 1,6 millones de pesos en 2024, que ya había sido divulgado por el mismo medio de investigación.
El investigado detalló que los 10 millones de pesos se entregaron en dos operaciones separadas: una de 6 millones y otra de 4 millones. Yáber sostuvo que el dinero era una ayuda económica al senador debido a las dificultades financieras de su familia, ocasionadas por la grave enfermedad de uno de sus hijos.
Además, el conservador vinculó los pagos a una amistad de más de una década con el parlamentario, la cual se habría forjado cuando ambos desempeñaban funciones en la Región de Coquimbo. Consultado por Diario El Día, el senador Matías Walker se abstuvo de comentar nuevamente el asunto, indicando que ya había entregado sus declaraciones y no tenía más antecedentes que añadir.
El reportaje de Reportea también contextualiza estas revelaciones dentro de una serie de pagos y beneficios económicos que Yáber habría concedido a diversas figuras del ámbito político y judicial, incluyendo al exministro Antonio Ulloa y al senador Sergio Gahona. Yáber ha reiterado que estas ayudas corresponden a lazos de amistad y a su deseo de apoyar a personas en apuros económicos.
En un caso relacionado, la titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, María José Montesino, declaró el pasado 22 de junio ante la Fiscalía que era común que los candidatos políticos solicitaran aportes económicos durante las campañas. Montesino acusó al senador Sergio Gahona de pedirle 1 millón de pesos para su campaña en 2023, de cara a la elección de consejeros constitucionales, señalando que era una práctica extendida a otros candidatos a quienes se negó a financiar. El parlamentario desmintió categóricamente la acusación a través de su equipo de prensa al ser consultado por Ciper.
