Tres meses después de que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial resolviera la destitución de Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas, estos funcionarios, implicados en un sumario interno por faltas disciplinarias graves, continúan en sus cargos. La situación ha provocado una considerable inquietud entre los miembros del Poder Judicial, quienes cuestionan la demora de la Corte Suprema en resolver las apelaciones presentadas.
La controversia surge al compararse con la celeridad aplicada en otros procesos disciplinarios recientes que afectaron a ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, donde las suspensiones se ejecutaron rápidamente. Lara, Paiva y Cabezas fueron objeto de una investigación administrativa que reveló el uso de sus posiciones para desarrollar negocios privados vinculados a sistemas informáticos del propio Poder Judicial, hecho que BBCL Investiga reveló en mayo pasado.
Las apelaciones de los implicados ingresaron a la Corte Suprema el 3 de junio y, aunque figuran en la tabla del Tribunal Pleno para hoy 17 de agosto, su resolución se ve obstaculizada. El Poder Judicial explicó que ocho ministros se encuentran inhabilitados para intervenir en la causa, incluyendo a la presidenta Ana Gloria Chevecich, además de integrantes del Consejo Superior y ministras que participaron en la investigación original. Esta situación impide alcanzar el quórum mínimo de once ministros requerido para que el Tribunal Pleno pueda sesionar.
En consecuencia, mientras no se resuelva la integración del tribunal, el fondo de las apelaciones no puede ser conocido. Los tres funcionarios siguen prestando servicios “en la misma condición jurídica en que están contratados”, según confirmó el Poder Judicial. La institución precisó que no se requiere una autorización especial, ya que las sanciones no están ejecutoriadas.
Fuentes internas del Poder Judicial, consultadas por Radio Bio Bio, señalan que esta permanencia envía una señal compleja a la organización, especialmente al contrastarla con la rápida aplicación de medidas cautelares en otros casos disciplinarios de alto perfil. La situación mantiene la expectativa sobre una resolución que esclarezca los límites entre probidad, conflictos de interés y el uso de información privilegiada dentro del sistema judicial.
