Una reciente fiscalización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a 37 sucursales funerarias en todo el país reveló una preocupante falta de transparencia en la información sobre servicios y precios. El organismo subrayó la importancia de este análisis, especialmente porque estas empresas prestan asistencia en momentos de alta vulnerabilidad emocional para las familias, como es la pérdida de un ser querido.
Entre los hallazgos más relevantes, el Sernac constató que algunas funerarias no exhiben en un lugar visible la identificación del Jefe de local. Además, la mayoría no muestra de forma clara los precios de sus bienes y servicios, ni disponen de listas de precios accesibles al público. Esta situación se agrava con una omisión generalizada de folletos, catálogos o documentos escritos que detallen los componentes de los servicios ofrecidos y si estos pueden contratarse por separado.
El Sernac calificó el acceso a esta información como “bastante restrictivo”, ya que los consumidores suelen obtenerla solo de manera verbal o directamente en salas de venta con la asistencia de vendedores. Esto contraviene la Ley del Consumidor, que exige a todas las empresas, incluidas las funerarias, “a exhibir de manera clara, visible y accesible los precios de los bienes o servicios que ofrezcan (valor total con IVA incluido), y en pesos chilenos”.
“Los únicos componentes esenciales y obligatorios son el ataúd y la carroza para el traslado básico. Cualquier otro elemento (flores, cafetería, avisos radiales, cruces o libros de condolencias) es estrictamente opcional y el consumidor tiene derecho a contratarlos por separado o rechazarlos. Impedir esto vulnera la libre elección”, sentenciaron desde el Sernac.
El organismo también recalcó que, al ofrecer planes conjuntos, las funerarias deben detallar con precisión cada servicio, especificando si el precio varía por el material del ataúd o los adicionales. Adicionalmente, se advirtió que los contratos no pueden incluir cláusulas abusivas que eximan a los proveedores de su responsabilidad o permitan cambios unilaterales en las condiciones. La fiscalización busca garantizar que los consumidores puedan ejercer su derecho a la libre elección en un momento tan delicado.
