El Gobierno del presidente José Antonio Kast manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la salud sexual y reproductiva no es un derecho reconocido internacionalmente. Esta postura fue comunicada en una intervención donde también se defendió el derecho a la vida y la autonomía de cada Estado para legislar en la materia.
La declaración la realizó Fernando Cabezas, ministro consejero y representante permanente adjunto de Chile ante los organismos internacionales en Ginebra, el pasado 7 de octubre. Ocurrió durante una explicación de voto de la resolución L.34, que abordaba los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
A pesar de que el tema central era el acceso a servicios básicos, el diplomático chileno aprovechó para fijar la posición del Ejecutivo sobre los derechos sexuales y reproductivos. “Queremos señalar, y solicitamos que quede constancia de ello, que el Gobierno de Chile promueve y protege el derecho a la vida, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó Cabezas.
Luego, el representante chileno expresó objeciones al reconocimiento internacional de la salud sexual y reproductiva como derecho. “En este contexto, entendemos que la salud sexual y reproductiva no constituye un derecho reconocido internacionalmente y que su definición jurídica depende de las normas internas de cada Estado”, añadió.
Durante su intervención, Cabezas reiteró el compromiso de Chile con el derecho al agua potable y saneamiento, reconociendo su vínculo con la salud física y mental de mujeres y niñas. Sin embargo, enfatizó la importancia de que las resoluciones internacionales se limiten estrictamente a sus temas de origen para facilitar el consenso.
También consideramos que mantener un lenguaje estrictamente vinculado al tema de la resolución facilitaría el consenso y favorecería la comprensión de cada asunto.
Esta declaración contrasta con informes de la ONU sobre Chile, como uno publicado en 2025, que sí abordan el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva y las obligaciones estatales al respecto. La postura del gobierno de Kast marca una distancia clara con la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, que promovía estos derechos como parte de su política exterior feminista, trasladando al ámbito internacional el debate interno sobre el alcance de estos derechos.
