Familiares de Mauricio Hernández Norambuena, conocido históricamente como el “Comandante Ramiro”, se congregaron esta tarde frente a la dirección regional de Gendarmería en Valparaíso. La protesta surge como respuesta directa al sorpresivo traslado del interno hacia la cárcel de alta seguridad ubicada en la región Metropolitana, medida que sus cercanos califican como una decisión sin fundamentos claros.
Hernández Norambuena se encuentra cumpliendo condenas por su participación en crímenes de alto impacto durante los años noventa, específicamente por el asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards, hijo del entonces propietario de El Mercurio.
¿Por qué la familia cuestiona el traslado a Santiago?
Patricio Hernández, hermano del interno, señaló en declaraciones a Radio Bío Bío que la familia no ha recibido explicaciones técnicas que justifiquen este cambio de penal. Según el familiar, el recluso se encontraba cumpliendo su condena en la cárcel de Rancagua, donde ya estaba establecido y adaptado al régimen interno.
Gendarmería emitió un informe donde decía que su perfil no correspondía a la cárcel de alta seguridad. Él estaba en Rancagua, allá estaba instalado (…) esto es volver atrás, lo tomamos como una revancha.
El hermano del “Comandante Ramiro” enfatizó que el traslado original hacia la capital obedecía estrictamente a la realización de exámenes médicos. Según su versión, tras completar los procedimientos de salud, lo que correspondía era su retorno inmediato al penal de Rancagua, algo que no ocurrió.
Próximos pasos en el caso
Ante esta situación, los familiares hicieron entrega de una carta formal dirigida a la dirección nacional de Gendarmería. En el documento, exigen que la entidad explique cuáles fueron los motivos técnicos y administrativos que motivaron el traslado a la unidad de alta seguridad, en lugar de devolverlo a su lugar de reclusión previo.
Desde la institución habrían indicado a los manifestantes que darán una respuesta a su requerimiento, aunque la familia mantiene su postura crítica frente a la decisión. Actualmente, el caso se mantiene bajo análisis administrativo mientras se espera una comunicación oficial que aclare si el cambio de recinto es permanente o transitorio.
