El abogado Luis Alberto Aninat ha solicitado las sanciones más severas, incluyendo la destitución, contra la notaria Valeria Ronchera, tras denunciar una compleja estafa que afectó a una millonaria propiedad ubicada en Zapallar, en la Región de Valparaíso. A más de un año del ilícito, un informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema de Santiago ha propuesto medidas disciplinarias contra la ministra de fe, quien autorizó el traspaso irregular del inmueble situado en el sector El Pangue.
El caso, que ha causado gran controversia en el ámbito legal, involucra una propiedad avaluada comercialmente en más de 1.600 millones de pesos. Según los antecedentes, la transacción se concretó por apenas 650 millones de pesos, menos de la mitad de su valor real, mediante un trámite fraudulento donde dos individuos se hicieron pasar por los dueños legítimos, transfiriendo el inmueble a la sociedad “Maquinaria Pesada y Sondaje Araucanía SpA”.
¿Qué fallas permitieron el fraude en la notaría?
De acuerdo con la información consignada por The Clinic, el informe de la Corte Suprema identificó graves negligencias operativas en la notaría. Entre las irregularidades se destaca un sistema de gestión deficiente que facilitó el ingreso informal de documentos y una evidente falta de supervisión en los trámites de gran envergadura.
Ante estos hallazgos, el afectado no ha ocultado su indignación.
Lo que esperamos es que sea destituida del cargo
, enfatizó Luis Alberto Aninat, quien busca que el proceso administrativo culmine con la salida definitiva de la notaria de sus funciones.
Sanciones y proyecciones del caso
Sobre las posibles consecuencias, Jaime Vera, académico de la Escuela de Derecho de la PUCV y experto en temas inmobiliarios, señaló que Ronchera efectivamente arriesga la pérdida de su calidad de notaria. El abogado detalló que, si se comprueba un actuar doloso, el Código Penal contempla penas de crimen para este tipo de irregularidades. Además de la remoción o suspensión, la ministra de fe podría enfrentar responsabilidades penales derivadas de su negligencia.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa sensible. Al ser consultada sobre los plazos y posibles sanciones finales, la Corte de Apelaciones de Santiago declinó emitir comentarios, argumentando que se trata de una investigación disciplinaria en pleno desarrollo. ¿Logrará la justicia administrativa determinar la responsabilidad penal en este caso que mantiene en vilo al sector inmobiliario?
