Una compleja situación atraviesan las familias damnificadas por el megaincendio de 2024 en el sector El Olivar, en la región de Valparaíso. La orden de demolición de las viviendas que forman parte del proceso de reconstrucción ha encendido las alarmas del Colegio de Arquitectos, que advierte una peligrosa “revictimización” de quienes llevan años esperando una solución habitacional definitiva.
Rodolfo Jiménez, presidente del gremio, aclaró que la postura de la entidad no busca validar errores en el diseño o la construcción, ni tampoco aceptar viviendas con fallas técnicas. Sin embargo, el dirigente enfatizó que ordenar el derribo y reiniciar todo el proceso coloca a las familias en la misma desoladora posición que enfrentaron durante la catástrofe original, por lo que instó a buscar soluciones técnicas alternativas.
Social Arquitectura defiende reparación frente a demolición
En paralelo a la postura del gremio, la entidad patrocinante Social Arquitectura sostiene que la demolición es innecesaria. Según argumentan, las deficiencias detectadas son perfectamente corregibles mediante trabajos de reparación y reforzamiento estructural, una medida contemplada tanto en la normativa vigente como en los contratos suscritos con las familias.
La abogada Erika Maira, representante de la entidad, subrayó la importancia de la legalidad en este proceso:
“Si uno analiza, por ejemplo, la legislación, la Ley General de Urbanismo y Construcción, y la ordenanza general y los propios contratos supervisados por el servicio, se privilegia siempre la posibilidad de corregir observaciones de carácter constructivo en las obras”.
Ante este escenario, Social Arquitectura presentó un recurso de protección para frenar la demolición, argumentando que la medida solo genera incertidumbre y dilata el retorno de los afectados a sus hogares. Los profesionales de la entidad recalcaron que los informes técnicos solicitados previamente por el Ministerio de Vivienda sugerían reforzar las estructuras en lugar de destruirlas por completo.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la justicia. Se espera que la Corte de Apelaciones de Valparaíso evalúe de manera conjunta los recursos presentados por los vecinos, la entidad patrocinante y la constructora San Sebastián. El objetivo de esta acción es evitar dictámenes contradictorios y alcanzar una resolución que permita reparar las viviendas sin seguir afectando a las familias damnificadas por el fuego.
