La bancada de diputados PPD-Independientes ha activado una fiscalización ante la Contraloría General de la República (CGR) para esclarecer la supuesta existencia de “informes forzados”. Estos documentos habrían servido de base legal para la suspensión de obras y la demolición parcial de 350 viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios de 2024 en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar.
La arremetida fue liderada por el diputado Héctor Ulloa, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara. El parlamentario tomó esta medida tras la difusión de un reportaje que expone irregularidades administrativas graves en el proceso que frenó la construcción de casas para los damnificados de la región de Valparaíso.
¿Qué ocurrió con la Resolución N°3384?
La controversia gira en torno a la Resolución N°3384, emitida el 9 de abril por el Serviu de Valparaíso. Este acto administrativo decretó la terminación anticipada de los contratos con la Constructora San Sebastián, fundamentándose en supuestas “graves fallas constructivas” detectadas en terreno.
Sin embargo, la presentación ante la contralora Dorothy Pérez sostiene que dichos informes técnicos no existían al momento de dictarse la resolución. Según testimonios de cinco fuentes independientes y correos electrónicos de los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO), los documentos fueron confeccionados con posterioridad.
Los funcionarios habrían recibido instrucciones para elaborar los informes un día después de la resolución, firmándolos el 13 de abril pero aplicando una fecha retroactiva al 9 de abril para darle coherencia formal al acto administrativo.
Contradicciones y denuncias de presión
Un hallazgo clave en la denuncia es que los informes finalmente firmados por los técnicos ni siquiera mencionan las “graves fallas constructivas” que fueron el argumento central para terminar los contratos con la constructora. Esta discrepancia deja en evidencia una posible contradicción técnica y legal.
Los propios FTO habrían dejado constancia por escrito de haber sido presionados para firmar los documentos bajo coacción, afirmando que no se les permitió cuestionar las órdenes superiores. Ante este escenario, el diputado Héctor Ulloa calificó los hechos como “gravísimos”, advirtiendo que decisiones de alto impacto social fueron tomadas mediante procedimientos irregulares.
El oficio presentado a la CGR exige:
- La entrega de todos los actos administrativos vinculados al proyecto habitacional.
- Un informe detallado sobre si existe una investigación en curso respecto a la legalidad de estas decisiones.
- El envío de los antecedentes al Ministerio Público, si es que la Contraloría determina que existen méritos suficientes para configurar delitos.
Actualmente, el caso se encuentra en manos del ente contralor, mientras cientos de familias en El Olivar permanecen en la incertidumbre sobre la entrega de sus soluciones habitacionales. La resolución de este conflicto será determinante para definir si el proceso de reconstrucción se mantiene o si se deberán tomar acciones judiciales contra las autoridades responsables de la gestión en el Serviu.
