El Lonco Alberto Curamil, autoridad tradicional del Lof Radalco en Curacautín, alzó la voz para rechazar la reciente sentencia emitida por el Tribunal Oral de Temuco. La justicia condenó a tres efectivos de Carabineros por apremios ilegítimos cometidos durante su detención en Perquenco en abril de 2021, pero la resolución ha causado profunda indignación en la autoridad ancestral.
El fallo judicial dictaminó una pena de 541 días de presidio para un capitán, un sargento y un cabo de la institución policial. No obstante, debido a que los imputados cumplen con los requisitos legales necesarios, el tribunal sustituyó el cumplimiento efectivo de la cárcel por la remisión condicional, obligándolos únicamente a firmar periódicamente ante Gendarmería.
Indignación ante la justicia
Para el Lonco Curamil, esta resolución no solo es insuficiente, sino que constituye una señal preocupante del trato hacia las comunidades mapuche en el sistema procesal actual. Al respecto, el dirigente señaló:
«Es una condena insignificante para lo que enfrentamos. Más bien una burla para el pueblo mapuche. Acá es donde nosotros podemos evidenciar el racismo del Poder Judicial, la discriminación que existe y el ensañamiento que existe en contra de nuestro pueblo».
El incidente original ocurrió tras una manifestación en 2021, cuando los uniformados utilizaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra Curamil en un camino rural de la zona. A pesar de los hechos, el proceso judicial ha dejado un sabor amargo para la víctima, quien también lamentó que otros dos funcionarios policiales fueran absueltos de toda responsabilidad.
Absolución por obstrucción
Otro punto crítico de la sentencia fue la absolución de los cinco uniformados implicados respecto al delito de obstrucción a la investigación. La Fiscalía había solicitado originalmente una pena de 4 años de presidio al acusarlos de adulterar documentación relevante durante el procedimiento, una petición que fue desestimada por el tribunal.
Como única sanción accesoria, los tres condenados recibieron la inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos durante el periodo que dure su condena. Mientras el caso se cierra en esta instancia, persiste la duda sobre si el Ministerio Público buscará nuevos recursos para revertir la absolución por obstrucción o si la situación sentará un precedente sobre cómo la justicia evalúa los apremios ilegítimos en contextos de manifestaciones mapuche.
