La infancia que la Fundación para la Confianza ignora: ¿intereses económicos?

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El lunes 16 de noviembre, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por ocho votos contra dos la idea de legislar el proyecto que busca sancionar las denuncias deliberadamente falsas de abuso sexual infantil y establecer mayores responsabilidades para los profesionales que intervienen en estos procesos. Cuatro diputadas votaron a favor.

A través de una publicación, la Fundación para la Confianza, presidida por José Andrés Murillo, cuestionó duramente la iniciativa, presentándola como una amenaza para los niños víctimas de abuso sexual. Pero sus argumentos omiten a los niños separados injustamente de sus padres y abren una pregunta incómoda: ¿esa falta de preocupación responde solamente a una posición ideológica o también a intereses institucionales y económicos que deberían transparentarse?

Los Programas de Reparación en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) reciben miles de millones de pesos públicos, administrados por organismos privados con vínculos políticos. Un ejemplo es Hernán Briones, excandidato a concejal por Evópoli en Villa Alemana y exrepresentante de Corporación Acogida, cuestionada por irregularidades financieras e informes con errores de copiar y pegar en su PRM Pichilemu.

La Fundación para la Confianza también reconoce vínculos con los PRM. ¿Qué intereses existen detrás de quienes se oponen a mayores controles? ¿Hay parlamentarios o familiares directos con intereses económicos en estos programas? ¿Se han transparentado esos posibles conflictos de interés?

Los vínculos que la Fundación debe transparentar

El proyecto establece mayores controles y sanciones para los PRM y sus profesionales por informes falsos, sesgados o deficientes que contribuyan a separar injustamente a los niños de sus padres. La Fundación para la Confianza mantiene vínculos con este sistema: sus propias FECU de 2022 y 2023 reconocen convenios de derivación con redes que incluyen PRM. ¿Con cuáles trabaja y quiénes los administran? ¿Existen pagos, transferencias de recursos o prestaciones remuneradas entre ellos y la Fundación? ¿Cuánto dinero ha circulado, bajo qué conceptos y cómo se ha rendido?

Las preguntas se extienden a los abogados, psicólogos y trabajadores sociales que colaboran con la Fundación para la Confianza. Conozco el caso de un abogado que recibió una causa derivada por la Fundación y que, tras ganar una arista, solicitó que parte de sus honorarios fueran pagados a esa institución. ¿Cómo funcionan estas derivaciones? ¿Qué pagos reciben los profesionales y la Fundación por los casos que atienden? ¿Cuánto dinero ingresa por esta vía y cómo se registra y rinde?

También corresponde esclarecer su participación en proyectos financiados con recursos públicos. La Fundación trabajó junto a ProCultura en el programa Quédate, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y posteriormente cuestionado por irregularidades en las rendiciones del convenio. ¿Qué recursos recibió efectivamente la Fundación para la Confianza, qué prestaciones realizó y cómo rindió los fondos asociados a su participación?

La exigencia de transparencia debe alcanzar también a los parlamentarios con intereses propios o familiares en los programas que se pretende regular. La Fundación para la Confianza tampoco puede presentarse como una autoridad incuestionable.

En mi libro Falsas denuncias documenté el caso de André Magnere, exsubdirector del SII, sobreseído tras una denuncia de abuso sexual patrocinada por la Fundación y ampliamente difundida.

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