El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella por el caso de la presunta falsificación de firmas que involucra al senador Juan Luis Castro. Esta decisión rechaza la solicitud de la defensa del parlamentario, que buscaba desestimar la acción legal presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana.
La querella acusa a Castro y a quienes resulten responsables de los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso, además de falsificación y uso de instrumento privado. Los hechos se centran en la supuesta gestión del retiro de permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza sin su autorización explícita.
La defensa de Castro argumentó que la Fundación Fuerza Ciudadana no cumplía los requisitos legales para querellarse, al no ser una víctima directa. También sostuvo que la simple condición de senador no implicaba abuso de funciones, ya que la querella no detallaba qué atribuciones de su cargo habría usado Castro para retirar los permisos de sus colegas.
Sin embargo, el tribunal determinó que la expresión “delitos contra la probidad pública” del artículo 111 del Código Procesal Penal no se limita exclusivamente a los delitos funcionarios del Título V del Código Penal. Según la resolución, los hechos expuestos podrían vulnerar el principio constitucional de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución, lo que habilita la acción ciudadana. Con esto, se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes, y la solicitud de promoción del desafuero se regirá por el artículo 416 del Código Procesal Penal.
Previo al fallo, en una entrevista con La Tercera, el senador Castro involucró directamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en la polémica. Afirmó que Vodanovic le advirtió en la Sala sobre una alteración en el orden de votación para priorizar el endeudamiento fiscal y que, ante problemas de quórum, ella ya había solicitado al coordinador administrativo de la bancada que gestionara la revocación de permisos de senadores en viaje por Asia.
Castro sostuvo que él solo reiteró la instrucción al coordinador, con la condición de consultar previamente a los legisladores afectados. Explicó que en el Senado es una práctica habitual usar bancos de firmas digitales para trámites administrativos. No obstante, admitió que en esta ocasión la comunicación se retrasó y, al confirmarse la falta de autorización, decidió anular el trámite. Aseguró haber intercambiado mensajes con la senadora Ximena Órdenes para aclarar el malentendido, aunque posteriormente ella envió la carta formal de denuncia que desencadenó la crisis interna y la investigación de la Fiscalía.