La Defensoría de la Niñez ha encendido las alarmas ante una propuesta presentada por el Gobierno en el Senado, la cual busca endurecer la fiscalización de personas extranjeras en procesos de expulsión. El organismo advierte que la medida, que pretende ampliar las facultades para solicitar antecedentes de migrantes, podría derivar en una grave desprotección para niños, niñas y adolescentes en Chile al convertir servicios básicos en espacios de control policial.
¿Qué implica la indicación para reportar migrantes?
La propuesta fue ingresada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante el debate en la comisión de Gobierno del Senado. En términos operativos, la iniciativa faculta a la autoridad migratoria para exigir información a instituciones públicas y privadas, incluyendo organismos previsionales, establecimientos de salud y centros educacionales. Esto abarca desde hospitales y consultorios hasta colegios y jardines infantiles.
La Defensoría reconoce que el Estado posee la potestad de diseñar sus políticas migratorias, pero recalca que estas no pueden ignorar los efectos directos e indirectos sobre los menores de edad.
La propuesta resulta preocupante, atendidos los riesgos que una medida de esta naturaleza podría generar en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Riesgos de desprotección en salud y educación
El organismo enfatizó que, aunque la medida no está dirigida formalmente a menores, el impacto indirecto es crítico. Se proyecta que las familias migrantes, ante el temor a ser denunciadas o sometidas a fiscalizaciones, eviten acudir a controles médicos, campañas de vacunación o centros de urgencia. Lo mismo ocurriría con la educación, donde el miedo a la exposición podría generar una deserción masiva en escuelas y jardines infantiles.
La institución subrayó que los efectos de este temor podrían traducirse en separación familiar, pérdida de redes de apoyo y la imposibilidad de acceder a servicios de protección básicos. La Ley 21.430 es clara al establecer que todos los niños son titulares de derechos sociales sin importar la situación migratoria de sus padres, un principio que, según la Defensoría, se ve amenazado por este proyecto.
¿Cuál es el estado actual de la tramitación?
La polémica ha escalado incluso dentro del Gobierno, con la ministra de Salud expresando reparos internos sobre la viabilidad y consecuencias de la indicación. Ante este escenario, la Defensoría de la Niñez ha decidido oficiar formalmente a la comisión de Gobierno del Senado. El llamado es explícito: solicitar una revisión profunda que incorpore los estándares de la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez, instando tanto al Ejecutivo como al Legislativo a reconsiderar el alcance de la normativa para evitar que el miedo termine privando a miles de menores de sus derechos fundamentales.
