En medio del debate público por los ajustes presupuestarios impulsados por el gobierno de José Antonio Kast, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, salió al paso de las críticas asegurando que no se aplicarán recortes en beneficios sociales clave, como la PGU, el ajuar o la alimentación escolar. El parlamentario enfatizó que el enfoque oficialista apunta a una revisión profunda del gasto para erradicar el uso fraudulento de recursos públicos.
Fiscalización frente a la cultura del despilfarro
Schalper fue enfático al señalar que, si bien la intención es mantener los derechos sociales, el Estado debe ser más eficiente. Según el legislador, la estrategia busca que los recursos lleguen exclusivamente a los beneficiarios legítimos y no a personas que recurren a información falsa. En ese sentido, calificó la gestión del Frente Amplio como una "cultura del despilfarro", cuestionando su autoridad para criticar la actual situación fiscal heredada.
La derecha defiende que las familias tengan la capacidad de poder salir adelante por sus propios esfuerzos y sin una dependencia indebida de parte del Estado, como les gusta a algunos sectores de izquierda.
El diputado de RN defendió la hoja de ruta del Ejecutivo, argumentando que se está analizando con rigor el informe de la Comisión Asesora creada por la administración anterior. Precisamente, citó la página 56 de dicho documento como guía para reformular programas mal evaluados y optimizar la llegada de los beneficios a quienes realmente los necesitan.
Líneas rojas y el rol de Renovación Nacional
Ante la controversia, Schalper aclaró que su partido pone límites claros en defensa de las familias de clase media. Recordó, como ejemplo, la intervención de RN para evitar recortes en el acceso a la gratuidad para mayores de 30 años y la reducción del proyecto de reconstrucción de 50 a 33 artículos, demostrando, a su juicio, una capacidad de escuchar y corregir errores en el diseño de las políticas públicas.
Sobre la incertidumbre generada, el diputado admitió que la comunicación oficial debe ser más decidida. Reiteró que el objetivo central es aliviar la vida de los sectores populares y de la clase media emergente mediante la reactivación económica y la generación de empleo. La gran incógnita que queda en el ambiente político es cómo el Gobierno equilibrará esta austeridad con la promesa de no afectar el sistema de protección social, un desafío que será monitoreado de cerca por la oposición y los organismos de control en los próximos meses.
