La propuesta del Gobierno para el Presupuesto 2027 contempla un recorte de 793 mil millones de pesos, afectando a 220 de las 590 iniciativas analizadas por la Dirección de Presupuestos. El Ejecutivo defiende la medida como un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas, aunque surgen interrogantes sobre cómo se mantendrán las prestaciones sociales y servicios esenciales con esta reducción de recursos.
Entre los puntos cuestionados por la administración se encuentra el Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que una parte de su costo fiscal no se recupera debido a la falta de devolución de la deuda por parte de los beneficiarios. También se investigan supuestos pagos por raciones que no fueron entregadas en contratos de alimentación de Junaeb, casos que el Gobierno utiliza para justificar una mayor fiscalización.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la contención presupuestaria, destacando que, pese a los recortes, se asignaron recursos adicionales para estimular el crecimiento y el empleo.
“Es un presupuesto de contención de gastos. Pocas horas antes de anunciar el presupuesto, íbamos con un presupuesto de casi un 1%, y el presidente toma la decisión de agregarle un medio por ciento más, precisamente tratando de buscar crecimiento, tratando de buscar empleo”.
Uno de los recortes que generó preocupación es el que afecta a Cuidado Alternativo Residencial, programa dirigido a niños, niñas y adolescentes con graves vulneraciones de derechos. Este programa sufriría una disminución de 16 mil 879 millones de pesos para 2027, a pesar de haber recibido una evaluación favorable de la Dirección de Presupuestos, según información obtenida por este medio.
La diputada independiente Marlene Pérez, cercana a la UDI, si bien apoyó la búsqueda de eficiencia, manifestó su oposición a eliminar o reducir programas sociales, enfatizando su impacto directo en las familias.
“Todos sabemos que existe una estrechez fiscal y que se deben optimizar los recursos y usarlos de manera más eficiente. Pero no soy partidaria de que se eliminen programas sociales ni que se recorten los programas sociales, porque detrás de esos programas hay familias“.
La Ley Ricarte Soto, que cubre medicamentos para enfermedades de alto costo, también registra una rebaja cercana a los 28 mil millones de pesos. Ante esto, la ministra de Salud, May Chomali, aseguró que los pacientes actualmente cubiertos seguirán recibiendo sus tratamientos. Sin embargo, la pregunta persiste sobre cómo se sostendrá esa cobertura con un presupuesto reducido.
Por su parte, la diputada Zandra Parisi del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, exigió garantías de que los ajustes fiscales no afecten el apoyo a las familias más vulnerables.
“Porque una cosa es ordenar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de las familias chilenas. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero jamás puede estar desconectada de la responsabilidad social”.
El proyecto de Presupuesto 2027 continuará su tramitación en las cinco subcomisiones de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta. El Congreso cuenta con 60 días para despachar el Presupuesto 2027.
