Contraloría defiende decreto del Minvu y descarta vulnerar autonomía municipal

Noticias más leídas

La Contraloría General de la República defendió ante el Tribunal Constitucional la legalidad de un decreto del Ministerio de Vivienda. Este decreto modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, normativa que fue previamente cuestionada por un grupo de parlamentarios, quienes alegaron una supuesta vulneración a la autonomía de los municipios.

El requerimiento presentado por los diputados objeta cambios específicos en las normas de construcción y planificación urbana. Entre las modificaciones más polémicas se encuentran el cálculo de viviendas por predio, los requisitos para la exigencia de estacionamientos y las condiciones para acceder a mayores beneficios de constructibilidad y altura.

Los parlamentarios argumentan que el decreto excede las facultades del Gobierno. Además, sostienen que altera disposiciones de los planes reguladores comunales sin respetar los procedimientos legales establecidos para tales modificaciones.

Sin embargo, la Contraloría sostuvo que las modificaciones implementadas no alteran formalmente los planes reguladores. Asimismo, descartó que reemplacen las atribuciones propias de los municipios, sino que establecen reglas generales que deben aplicarse dentro del marco de la legislación urbanística existente.

En este sentido, Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de Los Andes, afirmó que “fijar criterios no le quita atribuciones a los municipios sobre los planos reguladores”.

El organismo fiscalizador reconoció haber formulado observaciones al Minvu durante la tramitación del decreto. Estas observaciones incluyeron reparos sobre aspectos como los coeficientes de habitantes por vivienda, la rebaja en la cantidad de estacionamientos y las normas para reconstrucciones en zonas afectadas por catástrofes naturales.

Tras recibir estos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda procedió a modificar y eliminar algunas de las disposiciones objetadas. Estos ajustes permitieron que la Contraloría finalmente tomara razón del decreto el pasado primero de octubre.

Finalmente, la Contraloría concluyó que las normas cuestionadas cuentan con un respaldo legal sólido. Por lo tanto, no se configuran las infracciones constitucionales denunciadas por los diputados, respaldando así la legalidad de la normativa ante el Tribunal Constitucional.

Mas Noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias