El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos. Esta acción se enmarca en la investigación del Caso Audios.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que la causa está a cargo de la Fiscalía Regional de Valparaíso. La querella del CDE será uno de los antecedentes que deberá evaluar la fiscal a cargo, quien determinará las diligencias investigativas necesarias.
Es importante destacar que la acción del CDE no implica que los delitos estén ya acreditados, ya que será el Ministerio Público el responsable de investigar a fondo los hechos y establecer la eventual calificación jurídica de las conductas imputadas.
En paralelo, otro nombre se alzó como uno de los protagonistas de la arista Parque Capital, derivada del Caso Audios. Se trata del exministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, cuya investigación fue separada de la causa principal, donde ya existe una acusación, para evitar una “decisión de no perseverar” del Ministerio Público.
El fiscal Valencia explicó que la separación de imputados respecto de los cuales todavía no se ha formalizado investigación es una decisión procesal habitual y que, por ahora, no puede interpretarse en un sentido u otro respecto a la situación de Chadwick.
“Pero la influencia no es cualquier sugerencia o recomendación o conexión que pueda favorecer entre una o más personas. Este primer funcionario tiene que prevalecerse de esta calidad de funcionario que detenta en relación al segundo funcionario”,
Respecto al posible delito de tráfico de influencias, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manríquez, aclaró que este requiere que el autor sea un funcionario público y que se prevalezca de esa calidad para influir sobre otro funcionario. No cualquier recomendación configura el delito.
De esta forma, ambas investigaciones, vinculadas al Caso Audios, permanecen abiertas. El Ministerio Público deberá determinar el alcance de los antecedentes recopilados y si estos permiten establecer eventuales responsabilidades penales.
