Senado: acusan falsificación de firma y piden intervención de Fiscalía

Noticias más leídas

Un incidente en el Senado, que comenzó como una estrategia política durante la discusión del Presupuesto 2027, escaló a una grave controversia que podría llevar el caso a la Fiscalía. Se trata del retiro de permisos constitucionales de dos senadores ausentes, una acción que ha generado denuncias de una posible falsificación de firma y presiones para que la mesa del Senado entregue todos los antecedentes al Ministerio Público.

En el centro de esta disputa se encuentra el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático. Castro gestionó el retiro de los permisos de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD), quienes en ese momento acompañaban al presidente José Antonio Kast en una gira por Asia. Ambos parlamentarios han negado haber dado su consentimiento para dicha gestión.

El caso de la senadora Ximena Órdenes es particularmente delicado. La parlamentaria denunció públicamente que su firma fue utilizada sin su autorización para anular un permiso constitucional que ya había sido aprobado por la Sala. En una carta dirigida al secretario del Senado, y difundida por Radio Bío Bío, Órdenes afirmó desconocer por completo el documento.

“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”

señaló Órdenes en su comunicación. Aunque los permisos fueron restituidos este miércoles, el suceso ha desencadenado una controversia que excede lo administrativo.

Fuentes consultadas por Radio Bío Bío indican que la remoción de los permisos se produjo en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, específicamente en torno a la votación de la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno. Los permisos constitucionales son cruciales porque permiten recalificar el quórum de ciertas votaciones, modificando la cantidad de votos requeridos para aprobar iniciativas.

Al retirar estos permisos, se desactiva la recalificación del quórum, lo que incrementa el número de votos que el Ejecutivo necesita para aprobar propuestas sujetas a este mecanismo. La sospecha generalizada es que esta maniobra buscaba complicar la aprobación de la autorización de endeudamiento, una de las materias más sensibles del debate presupuestario. Sectores de la oposición habrían intentado presionar al Gobierno para obtener mayores recursos en otras partidas, condicionando su apoyo a la solicitud de deuda.

El proceso de cómo la firma de Ximena Órdenes terminó en el documento es uno de los puntos más críticos. Dentro del Senado circulan dos versiones principales. La primera sugiere que el documento fue presentado con la firma electrónica de la senadora, pero sin su consentimiento. La segunda versión apunta a que funcionarios habrían detectado que la firma fue copiada de otro documento y luego incorporada al escrito, que posteriormente habría sido fotocopiado.

Ninguna de estas versiones ha sido corroborada judicialmente, pero ambas han generado una considerable preocupación por las posibles implicaciones penales. Expertos jurídicos en el Senado han advertido que el uso de la firma de otra persona requiere una autorización legal explícita y un consentimiento específico para el acto en cuestión. Si se confirma el uso no autorizado de la firma de Órdenes, quienes resulten responsables podrían enfrentar investigaciones por delitos.

Mas Noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias