Exministra Steinert: Comisión concluye exceso de facultades y derivan a Fiscalía

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La Comisión Especial Investigadora (CEI) que examinó la gestión de Trinidad Steinert como exministra de Seguridad Pública, concluyó que esta habría excedido sus atribuciones legales. El informe final de la instancia parlamentaria, al que tuvo acceso BioBio, también señala una infracción al principio de probidad administrativa y el incumplimiento de su rol de asesoría al presidente José Antonio Kast.

Las conclusiones, aprobadas recientemente por la comisión, no constituyen una sentencia judicial. Sin embargo, se acordó remitir los antecedentes recopilados al Ministerio Público para su revisión. Entre los hechos investigados se encuentran una solicitud de información a la PDI sobre una causa penal en curso y el retiro de la prefecta general Consuelo Peña.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el oficio reservado N.º 28, emitido por Steinert el 13 de marzo de 2026, apenas dos días después de asumir su cargo. Mediante este documento, solicitó antecedentes específicos sobre funcionarios vinculados a una investigación penal determinada. La comisión recordó que la Contraloría, a través del dictamen N° D344 de 2026, ya había establecido que este requerimiento excedía las atribuciones legales de la ministra. Además, Contraloría dictaminó que Steinert debía abstenerse de intervenir debido a su anterior rol como fiscal regional, lo que llevó a la CEI a concluir que se infringió el principio de probidad administrativa.

Otro punto relevante en la investigación fue el retiro absoluto de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, comunicado el 21 de marzo de 2026. La comisión no logró esclarecer los fundamentos de esta decisión, citando la limitada información entregada y la incomparecencia de las exautoridades ministeriales. El informe sugiere que, si Steinert no participó en esta decisión —como afirmó el director general de la PDI, Eduardo Cerna—, habría incumplido su obligación legal de asesorar al presidente en la conformación de los altos mandos policiales, así como en sus ascensos y retiros.

Las conclusiones también revelaron contradicciones entre las declaraciones de los representantes del Segundo Piso y los antecedentes de transparencia respecto a las funciones de un asesor jurídico presidencial. Este asesor tenía entre sus tareas apoyar la revisión y firma de decretos, además de coordinar nombramientos de autoridades. Esto llevó al informe a plantear dos escenarios: o los asesores presidenciales no ejercieron sus funciones, o no entregaron información verídica a la comisión.

Adicionalmente, la instancia investigadora concluyó que no se aportaron antecedentes concretos ni documentos que acreditaran la existencia de un programa o plan de seguridad de la administración de Kast al asumir sus funciones. También se cuestionó el anuncio de la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio, lo que la comisión interpretó como un desconocimiento de su importancia legal y de gestión en seguridad pública.

El informe también advirtió que, a la fecha de su elaboración, no se contaba con la estrategia bianual contemplada en la Política Nacional de Seguridad Pública. A esto se suma una evidente falta de control sobre las actuaciones de la exministra y de la PDI, ya que el gabinete presidencial no tenía conocimiento de las decisiones de Steinert ni contaba con un asesor o equipo dedicado a la seguridad. Finalmente, la comisión acusó que el Gobierno no adoptó las medidas necesarias para fiscalizar y regular la gestión de seguridad pública.

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